Excomandante de Farc Carlos Lozada habló ante la JEP de “malos ingresos” al referirse a reclutamiento de menores

Este viernes 18 de septiembre, desde las 9 a.m. (hora local) y por tres horas y media, el senador del ahora partido político Farc, Julián Gallo Cubillos, rindió la primera versión pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso 07, sobre reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado en Colombia.

Abierto el 1 de marzo de 2019, el caso 07 investiga cerca de 8 mil casos de reclutamiento por parte de las Farc y la fuerza pública, así como otras formas de participación de menores en la guerra, como cocineros, cargadores, mensajeros, acompañantes del grupo e incluso a aquellos pequeños ingresados forzosamente para fines sexuales, entre enero de 1971 y el 1 de diciembre de 2016. También investiga casos de violencia y abuso sexual, anticoncepción o abortos forzados.

Gallo Cubillos, conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada y otrora comandante del Bloque Oriental de las Farc, declaró tranquilo y con mascarilla médica ante el mecanismo de justicia transicional que sí conoció sobre este fenómeno al interior de la desmovilizada guerrilla.

Sin embargo, afirmó que “era una falta grave al reglamento interno” de las antiguas Farc, mas no un delito.

Al inicio de su versión, el excomandante Lozada detalló que el grupo insurgente tenía diferentes tipos de informes y que por norma cada tres meses los Estados Mayores de los diferentes frentes o comandos de unidades debían enviar a las instancias mayores dichos documentos en los que tenían que reportar todas las novedades que tenían, como los ingresos de personas a las filas de las Farc, deserciones, discriminación de esos ingresos por género. Pero también indicó que había otros informes más detallados que incluían, por ejemplo, las “hojas de vida” de quienes ingresaban, en las que sí se detallaban las edades.

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El magistrado Iván González, quien está al frente del caso 07 en la JEP, ahondó en este punto y cuestionó si la persona que recibía estas hojas de vida las revisaba o si era una “mera formalidad”, a lo que Gallo respondió que eso dependía de quién recibía dicha información y de las condiciones de orden público. Detalló que generalmente eran los “comandantes superiores, los primeros al mando”, los que centralizaban esos datos.

“En todo esto es necesario tener en cuenta que la guerrilla era una fuerza irregular, lo cual no permite un funcionamiento permanente constante de las responsabilidades, en este caso la de personal, y en ocasiones esa información llegaba al comandante, y no necesariamente ese comandante permanecía con los otros miembros del Estado Mayor, del Frente, de la Columna o del Bloque (porque estaban dispersos cumpliendo distintas misiones)… y por lo general eran los comandantes superiores, los primeros al mando, quienes concentraban esa información”, relató.

Gallo, o Lozada, también sostuvo que como comandante nunca tuvo responsabilidad de personal y que fue miembro suplente del Estado Mayor a partir del año 1993 con una labor de “trabajo urbano”. En esa época, señaló, él solo conoció la información de su personal de guardia, y quienes no tuvieran a cargo lo relacionado a personal, no tenían “acceso ni ninguna atribución para tener acceso a las hojas de vida de las otras unidades del bloque”.

Igualmente, subrayó que conocieron “circulares”, charlas o conferencias, del comandante del bloque, Jorge Briceño (alias el ‘Mono Jojoy’) en el caso del Bloque Oriental (uno de los que más registraron incorporaciones de menores de 15 años en las Farc), “en el sentido de llamar la atención por violación de la política de ingresos”.

“Eso está consignado en documentos internos que se enviaron a manera circular (…), hasta ahí conocimos nosotros, pero no (inaudible) información específica de qué unidades, en qué áreas, o en qué regiones se estaba presentando ese fenómeno. Pero es claro que se presentó”, recalcó.

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Lozada añadió que hubo circulares por parte del entonces máximo comandante Manuel Marulanda Vélez y del ‘Mono Jojoy’ al respecto, pero dijo desconocer casos específicos de sanciones contra los jefes guerrilleros por estos hechos.

“Casos específicos no recuerdo, pero seguramente sí hubo, en el transcurso, desarrollo de la confrontación, sobre todo en la última etapa, sanciones por malos ingresos”, recalcó, y añadió que cuando dicha “conducta aparecía tanto en los balances como en las asambleas que se realizan, necesariamente, se sancionaban”.

“Dependiendo de la gravedad de la violación que se cometiera, con relación a las normas de reclutamiento, se imponía la sanción, que pudiera ir desde un llamado de atención a la persona, al Estado Mayor o al Frente, o la unidad que hubiese realizado esa violación, como la asignación de trabajos ya sea de orden práctico material, como elaboración de documentos o de autocríticas”, describió.

En otros apartes, Lozada confirmó que sí hubo un plan de reclutamiento debido a la necesidad de expandir la guerrilla y hacerse con el control de zonas estratégicas del país, que hubo “mucha juventud que se ubicaba entre los 15, 17, 20 y 21 años” y que los casos de las “violaciones” del reglamento de ingresos fueron aumentando.

“No era una práctica permanente, aunque pudo haberse dado. Es impensable que la base del crecimiento y el sostenimiento de una fuerza irregular sea el reclutamiento forzado. No estoy diciendo que no se haya presentado… Hubo casos de reclutamiento forzado, de eso no tenemos duda, pero no era algo regular. Se presentó violando las normas de reclutamiento y la concepción ideológica, política y organizativa de nuestra organización”, aclaró.