Excomandante colombiano Mario Montoya dio su versión ante la JEP por casos de 'falsos positivos'
La Fiscalía General de la Nación identifica un total de 2.248 víctimas de “ejecuciones extrajudiciales” entre 1988 y 2014, de las cuales el 48% fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años.
El excomandante del Ejército, Mario Montoya, firma el acta de sometimiento a la justicia transicional en Colombia. (Justicia Especial para la Paz - Handout - Agencia Anadolu).
BOGOTÁ, Colombia
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia indicó que “después de leer durante 40 minutos el texto que había preparado en el primer día de su versión ante la JEP, el general retirado Mario Montoya Uribe manifestó que guardaría silencio”.
A pesar de esto, y tras concluir la lectura de su texto, el general en retiro y excomandante del Ejército colombiano respondió por unas cinco horas las preguntas que los magistrados de la Sala de Reconocimiento le formularon sobre los informes y las versiones que lo relacionaron con las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate durante el gobierno de Álvaro Uribe, conocidas popularmente como “falsos positivos”.
Mario Montoya Uribe firmó un acta de sometimiento ante la JEP el 17 de octubre de 2018. La versión de exmilitar se realizará hasta el 14 de febrero y contará con la participación y presencia de 41 víctimas y 15 representantes judiciales.
La justicia transicional, creada en el marco del acuerdo de paz firmado entre la extinta guerrilla de las Farc y el pasado gobierno de Juan Manuel Santos, ordenó la comparecencia de Montoya Uribe, ya que este ha sido comprometido en varios informes allegados a la JEP donde se le vincula con los “falsos positivos”.
La Fiscalía General de la Nación identifica un total de 2.248 víctimas de “ejecuciones extrajudiciales" entre 1988 y 2014, de las cuales el 48% fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años.
De acuerdo con un informe de la Fiscalía presentado ante la JEP, el fenómeno de los “falsos positivos” aumentó de manera notable a partir del 2002 y tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008, involucrando, presuntamente, "personas con posiciones de mando y altos rangos que pudieron haber tenido un rol determinante en los hechos".
En las versiones ante la JEP, los comparecientes están obligados a aportar verdad plena que significa: “relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición. El deber de aportar verdad no implica la obligación de aceptar responsabilidades”, subrayó un comunicado de la Jurisdicción Especial para la Paz.
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