Europarlamentarios manifiestan preocupación por la violencia preelectoral en Colombia

En una carta dirigida al embajador de Colombia ante Bélgica y la Unión Europea (UE), Felipe García, 16 europarlamentarios encabezados por el español Miguel Urbán, del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, manifestaron su preocupación por la violencia preelectoral en Colombia.

“Ante las elecciones locales, municipales y departamentales que se celebrarán en Colombia el próximo 27 de octubre, como miembros del Parlamento Europeo quisiéramos transmitirle nuestra preocupación ante el clima de violencia preelectoral que se está viviendo en el país”, dice la misiva, conocida por la Agencia Anadolu.

La misma información también fue enviada a la embajadora de la UE en Colombia, Patricia Llombart Cussac.

El documento especifica que, según la Misión de Observación Electoral (MOE), 43 precandidatos y precandidatas electorales han sido víctimas de violencia. Las cifras recogen el periodo desde octubre desde 2018, cuando se inició la inscripción de las candidaturas, hasta su cierre el pasado 27 de julio. Nueve de estas personas fueron asesinadas.

Después del 27 de julio, con las campañas en firme, y hasta el 20 de septiembre, la situación continuó agravándose. Desde entonces al menos 54 personas candidatas han sido víctimas de violencia: siete han sido asesinadas, 6 han sufrido atentados, 2 han sido secuestradas y 40 han recibido amenazas.

“Según nos han comunicado, la situación es tan dramática que en algunos municipios incluso se ha considerado la posibilidad de cancelar las elecciones. De hecho, según la Defensoría del Pueblo, hay 402 municipios en riesgo de sufrir violencia política”, dice la carta.

Los parlamentarios europeos resaltaron que los hechos se han producido en medio de un clima de violencia sistemática y criminalización contra las personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales.

“Las cifras que diversas instituciones oficiales y no gubernamentales han presentado sobre las agresiones contra defensores y defensoras son alarmantes e indican que Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para la defensa de los derechos humanos”, dice la misiva de tres páginas.

Según Indepaz, desde el 24 de noviembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, hasta el 20 de julio de 2019, han sido asesinadas 765 personas reconocidas como lideresas en sus comunidades, ex combatientes que se acogieron al proceso firmado en La Habana y algunos de sus familiares.

Los legisladores europeos recordaron que el punto 2 del Acuerdo de Paz, firmado entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, contiene una serie de medidas que buscan la apertura democrática y el aumento de la participación de la ciudadanía colombiana en la política, los asuntos públicos y la construcción de la paz. “Sin embargo, este parece ser uno de los bloques que cuenta con una menor implementación”, añaden en la carta.

Sobre la implementación del punto 3 del acuerdo, que se refiere a las garantías para la defensa de los derechos humanos, afirman que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno son “insuficientes, no oportunas y no integrales”.

“Persiste una visión de la protección basada meramente en medidas físicas, otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (que además ha sido al centro de varios escándalos de corrupción), y no en la prevención y abordaje de las causas estructurales de la violencia”, señalan los parlamentarios.

También manifestaron su preocupación por la falta de resultados de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, una entidad que está financiada en parte con fondos europeos. La unidad fue inaugurada en la primera semana de julio de 2019, específicamente para desmantelar organizaciones criminales y responsables de homicidios y masacres en contra de defensores de derechos humanos, líderes sociales y excombatientes.

Los parlamentarios enfatizaron que las funciones de la unidad que buscan desmantelar las estructuras sucesoras del paramilitarismo y esclarecer los vínculos con las elites políticas, económicas y militares “deben ser potenciadas y respetadas”.

“Queremos manifestar nuestro más profundo rechazo a este clima de violencia, nuestro compromiso con la paz, el cumplimiento y la implementación de los acuerdos y nuestro apoyo y solidaridad al pueblo colombiano”, especificaron los parlamentarios en la carta.

Por último, enumeraron una serie de solicitudes y recomendaciones para hacerle frente a la violencia preelectoral en el país suramericano. Una de las peticiones más llamativas de los parlamentarios es que se reanuden los diálogos con la guerrilla del ELN, que fueron suspendidos por el presidente Iván Duque.

También pidieron que se renueve de forma integral el mandato de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU por al menos tres años, y que se inste a la Fiscalía General de la Nación a que adelante las “investigaciones pertinentes” que esclarezcan los hechos y lleven a la captura de los autores materiales e intelectuales de la violencia contra líderes políticos, sociales y defensores de derechos humanos.