Estas son las medidas que está tomando el Gobierno paraguayo ante la emergencia penitenciaria

Por: Lorena Flores

El sistema penitenciario en Paraguay se encuentra en emergencia. Así lo declaró el Gobierno tras una masacre ocurrida en septiembre del año pasado en una penitenciaría ubicada en el departamento de San Pedro (región oriental del país), donde 10 reclusos fueron asesinados en una disputa entre facciones criminales.

La penitenciaría de San Pedro tiene la capacidad de albergar a 296 personas, sin embargo, su población penal llega a 711 reclusos. Este caso no es la excepción, ya que el sistema penitenciario paraguayo en su conjunto alberga el doble de población para el que está preparado.

Tras los graves incidentes en San Pedro, el Poder Ejecutivo promulgó en septiembre de 2019 la ley 6365 que declara a todos los establecimientos penitenciarios del país, unos 18 en total, en situación de emergencia durante el periodo de un año y amplía el presupuesto general de la nación para realizar inversiones.

Esta ley establece un aumento en el presupuesto del Ministerio de Justicia, encargada de administrar las cárceles, a 13.807 millones de guaraníes. La disposición tiene vigencia hasta el 7 de septiembre de este 2020. La normativa prevé también la contratación de nuevos agentes penitenciarios y habilita la utilización de las fuerzas públicas, policías y militares, en el perímetro de las sedes carcelarias.

"Los dos inconvenientes principales son la sobrepoblación y el hacinamiento, condición que imposibilita tratamiento de rehabilitación", reconoce la ministra de Justicia paraguaya, Cecilia Pérez, quien pone cifras a su afirmación: "en el país existen 15 mil personas privadas de libertad y la capacidad estimada es de unas 9500 plazas".

Además, de toda la población carcelaria solo el 25% tiene condena, mientras que el 75 % de los casos se encuentran en espera para su definición legal.

“Estas cifras están ligadas al uso abusivo de la prisión preventiva, la morosidad judicial y también con la falta de medidas en las cárceles para la reinserción definitiva”; según explica la secretaria de Estado del país.

Pero mientras la morosidad judicial y el uso abusivo de la prisión preventiva requieren de la intervención de otros poderes del Estado, el Ejecutivo avanza en las medidas para reducir el hacinamiento carcelario. Como parte de las medidas para la descongestión de la población se anuncia la construcción de tres nuevos centros penitenciarios.

Recientemente el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones adjudicó la construcción de las obras por un valor de por 190.965 millones de guaraníes (unos USD 31 millones). En total las nuevas penitenciarías tendrán la capacidad para albergar a 3.960 reclusos y deberán estar operativas desde agosto del 2021.

Según la Ministra de Justicia, las nuevas penitenciarías contarán con pabellones de máxima seguridad para la clasificación de criminales de alta peligrosidad.

Asimismo, dijo que se encuentran negociando para que las entidades binacionales Itaipú, administrada con Brasil, y Yacyretá, con Argentina, financien otras dos nuevas penitenciarías, una de ellas para mujeres.

Pero las alianzas contempladas para dar solución a la situación del sistema penitenciario no son sólo internas. La ministra de Justicia no descartó la posibilidad de cooperación técnica de los Estados Unidos luego de conversaciones que se dieron entre los presidentes Mario Abdo Benítez y Donald Trump en el marco de la visita del mandatario paraguayo a Washington el pasado diciembre.

En esa ocasión, Trump se mostró especialmente interesado en hacer un diagnóstico inicial del sistema penitenciario, en cuanto a los conflictos que se generan con los grupos de crimen organizado, teniendo en cuenta que Paraguay alberga a presos del Brasil como el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho, cuyas rivalidades pueden generar más episodios trágicos como el de San Pedro.

Los niveles de hacinamiento y falta de infraestructura derivan al fortalecimiento de la corrupción y de las organizaciones criminales, porque las personas para su seguridad, tener acceso a salud u otro tipo de servicios básicos acuden a estas organizaciones como parte del proceso de supervivencia dentro de la cárcel, advierte un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura (MNP), institución del Estado paraguayo creado para prevenir prácticas de torturas y proteger a las personas privadas de libertad.

Por ello consideran necesaria una revisión de la política criminal del Paraguay. Un informe del MNP señala que en los últimos 19 años la población penitenciaria se quintuplicó; en el año 2000 era de unos 3200 y hoy son unos 15000. Ingresan en promedio 1150 al año.

La formación de los agentes penitenciarios también es un aspecto que se considera en el proceso de revisión del sistema. Existe un proyecto terminado para crear un Instituto de Formación que aguarda el aval del Ministerio de Educación para continuar con la de búsqueda de financiación y puesta en marcha.

Otras acciones tomadas en el marco de la emergencia penitenciaria, aparte del trabajo coordinado con la policía y los militares, han sido la contratación de 500 nuevos agentes penitenciario, mejoras en las comunicaciones y reducir los riesgos de seguridad en el traslado de personas privadas de libertad.