El Estado colombiano recusó a varios de los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que siguen el caso de la periodista Jineth Bedoya porque, según el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, Camilo Gómez, están parcializados a favor de la comunicadora.

El 25 de mayo de 2000 Bedoya fue secuestrada en la cárcel La Modelo de Bogotá, posteriormente fue abusada sexualmente por paramilitares. La víctima asegura que según las investigaciones que ella y sus abogados han realizado durante años, los crímenes que sufrió fueron auspiciados por integrantes de la Fuerza Pública.

Por su parte, Gómez aseguró a los medios que “las intervenciones y preguntas de los jueces demostraron evidentes prejuzgamientos e involucraron nuevos asuntos que ni siquiera fueron debatidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, instancia que le remitió el caso a la Corte.

El jurista salió de la audiencia virtual cuando la presidenta de la Corte IDH, Elizabeth Odio Benito, desde San José de Costa Rica, solicitó la intervención del Estado colombiano.

Según declaraciones posteriores de Gómez, el Estado no cuenta con garantías en el caso y, por tal motivo, "Colombia presentará un escrito de recusación que cubre a todos los jueces menos al juez (Eduardo) Vio Grossi". Gómez aseguró que recusarán a la presidente Odio Benito y a los magistrados Ricardo Pérez Manrique, Patricio Pazmiño Freire, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot y Eugenio Raúl Zaffaroni.

"Aquí de lo que se trata es de la falta de garantías y objetividad en este proceso. Esta posición del Estado colombiano tiene que ser con la obligación que tiene los jueces de ser imparciales”, explicó el abogado.

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La acción del Estado fue criticada por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), representantes de Jineth Bedoya, los cuales aseguraron que “la actitud del Estado demuestra la desidia contra las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado y niega espacios dignos para acceder a la justicia. El retiro del Estado de la audiencia es un acto sin precedentes, lo que genera preocupación sobre el compromiso del Estado colombiano frente al juicio por violaciones de derechos humanos y al sometimiento frente a la decisión que adopte la Corte”.

Este es el primer caso que la Corte IDH estudia de violencia sexual en Colombia.