Al concluir la investigación sobre el proceso secesionista de Cataluña, el magistrado del Tribunal Supremo de España, Pablo Llarena, anunció la suspensión de seis diputados catalanes procesados por rebelión.

La decisión afecta al expresidente de la Generalitat (Gobierno), Carles Puigdemont, quien está prófugo en Alemania; así como a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raúl Romeva y Jordi Sánchez, todos en prisión preventiva.

Con esta decisión, se inhabilitó de sus cargos y funciones públicas a los inculpados, por lo que no podrán delegar sus votos desde la cárcel, por ejemplo, puesto que dejan de ser miembros del Parlamento catalán.

La decisión de Llarena, en el marco de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “deja al Parlament de Cataluña la posibilidad de que los procesados suspendidos puedan ser sustituidos temporalmente por otros integrantes de sus candidaturas”, para mantener su representación y número de escaños, explicó el Supremo a través de un comunicado de prensa.

Según detalló el tribunal, la medida quedaría sin efecto en caso de que no se les acusara de rebelión o quedarán en libertad provisional, lo que conllevaría a la inmediata reactivación de sus derechos.

Además, añade la nota, configura una medida cautelar y extraordinaria que busca preservar el orden constitucional español, “impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática” (incluido el delito de rebelión), “puedan continuar en el desempeño de una función pública”.

A partir de ahora, Llarena pierde la competencia respecto de los procesados para los que se ha acordado la conclusión de sumario.