Entre 2017 y 2018 fueron asesinados 39 líderes sociales en Guatemala
La ONU presentó este martes un informe que revela que en este mismo periodo se han registrado 884 ataques contra defensores de derechos humanos en dicho país.
(Agencia Guatemalteca de Noticias)
BOGOTÁ, Colombia
Entre 2017 y 2018 fueron asesinados 39 líderes sociales en Guatemala, según un informe publicado este martes por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
El documento agrega que durante el mismo periodo se registraron 884 ataques contra dicho sector de la población y destaca los “riesgos particulares” que enfrentan los pueblos indígenas, las mujeres defensoras, defensoras LGBTI y los periodistas, así como jueces, abogados y defensores de las víctimas del conflicto armado interno.
Según el informe, estas personas “enfrentan no solo ataques físicos, sino también amenazas, intimidación, vigilancia, estigmatización y violencia de género y sexual”.
“Un patrón preocupante es el uso indebido de la ley penal para silenciarlos, lo que afecta especialmente a los defensores de los derechos a las tierras, territorios y recursos naturales”, indica Naciones Unidas en un comunicado.
Otro aspecto que destaca el estudio es que los riesgos para la seguridad y el trabajo de los defensores se acentúan aún más en el contexto electoral actual.
“Hemos documentado informes de ataques contra líderes comunitarios e indígenas a los que se apunta por su compromiso político. Esta es otra tendencia preocupante ya que Guatemala se encuentra en un proceso electoral crucial y los ataques a los defensores de los derechos humanos cuestionan la credibilidad del proceso”, añadió el organismo al recordar que tres candidatos políticos y dos personas con intenciones declaradas de postularse a cargos públicos han sido asesinados desde enero de este año.
También advierte que la impunidad relacionada con estos delitos es “persistente y desenfrenada”, pues los jueces independientes, incluidos los Tribunales Superiores, y los fiscales también han sido víctimas de agresiones, amenazas, represalias y estigmatizaciones, en particular debido a su participación en casos de corrupción o justicia transicional.
El informe fue preparado conjuntamente con la Procuraduría de Derechos Humanos y se basa en más de 190 entrevistas con defensores de derechos humanos y líderes sociales, autoridades estatales y otros, así como en misiones de monitoreo en todo el país, realizadas entre enero de 2017 y abril de 2019.
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