En la cárcel de Puente Alto, Chile, 279 internos tienen COVID-19
El Juzgado de Puente Alto anunció una audiencia de cautela de garantías para verificar el estado actual de todas las personas en el centro penitenciario.
En medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado las malas condiciones del centro penitenciario. (Archivo - Agencia Anadolu)
Cundinamarca
Unos 279 internos de la cárcel de Puente Alto, en Chile, tienen COVID-19, según informaron fuentes de Gendarmería, la institución armada penitenciaria del país, a medios locales.
En medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado las malas condiciones del centro penitenciario.
César Pizarro, dirigente de la organización 81 Razones, que protege los derechos de las personas privadas de la libertad, afirmó que la situación en la cárcel de Puente Alto es cercana a la tortura.
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“La situación en la cárcel de Puente Alto es intolerable, no se puede tener a personas viviendo en un lugar como la cárcel de Puente Alto; es un lugar de tortura, de crimen sistemático. Es casi comparable con lugares del holocausto Nazi”, dijo Pizarro en entrevista con el medio La Radio, de Chile.
Por esta razón la organización presentó un “amparo legal” ante un juez de garantía y en la mañana del 12 de mayo se realizará una audiencia de cautela de garantías en el Juzgado de Puente Alto para verificar el estado actual de todos los imputados y condenados del centro penitenciario.
Según informaron medios locales, en la cárcel hay 831 internos y las organizaciones defensoras de DDHH buscan que, a través de sus abogados, logren narrar su experiencia viviendo allá. Así lo explicó Galo Muñoz, director ejecutivo de Observatorio Social Penitenciario, a Radio Bío Bío, de Chile. “El juez también puede hacer consultas, puede preguntar”, añadió Muñoz.
El Juzgado de Garantía de Puente Alto no solo fijó una fecha para la audiencia; también ordenó a Gendarmería adoptar todas las medidas de seguridad necesarias para resguardar la integridad física y psíquica de los internos de la cárcel. Además, la institución deberá informar a la justicia sobre los exámenes de salud realizados y los protocolos que están tomando.
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