Empezó en el Tribunal Supremo de España el histórico juicio contra los 12 políticos independentistas catalanes por el fallido intento secesionista de la región autonómica en 2017, que concluyó con el referendo "ilegal" del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia.

Este es el proceso judicial más importante en España desde la transición a la democracia y en la historia del país, según dijo a inicios de mes Carlos Lesmes, presidente del TS.

El juicio definirá si los líderes soberanistas de Cataluña incurrieron en delitos como rebelión, sedición, malversación de fondos o desobediencia.

En el banquillo de los acusados están Oriol Junqueras, el exvicepresidente catalán y Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento catalán, así como Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez, Carles Mundó, Meritxell Borràs, Dolors Bassa, Santi Vila y Jordi Cuixart.

La Fiscalía española pide penas de entre 7 y 25 años de cárcel por rebelión, malversación y desobediencia, pero la Abogacía del Estado disminuye la sanción a entre 7 y 12 años por sedición.

Por otra parte, el ultraderechista partido político Vox pide condenas de 24 a 74 años.

Las diferencias de criterio tienen que ver con un elemento clave sobre el que se desarrollará el juicio y que permitirá orientar la cuestión: La violencia, pues según el Código Penal español, es esencial para soportar la acusación de rebelión.

Mientras la Fiscalía afirma que sí hubo violencia argumentando que los políticos y activistas catalanes "contemplaban la utilización de todos los medios" para alcanzar su objetivo, el movimiento soberanista dice que la única violencia que hubo fue la policial en las calles.

El abogado defensor de Junqueras y Romeva, Andreu Van Den Eyden, asegura que se trata de un "juicio político".

Así mismo señala el expresidente catalán, Carles Puigdemont, desde la sede de la Generalitat en Berlín (Alemania). El exmandatario, que está en un autoexilio en Bélgica huyendo de la justicia española, dice que el proceso es de "carácter político".

El proceso judicial se extenderá por lo menos hasta mayo y se espera que el veredicto se conozca tres meses después de las audiencias. En él participarán cerca de 600 testigos, la mayoría policías, así como el expresidente del Gobierno cuando tuvo lugar el referendo, Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el expresidente catalán Artur Mas, el lendakari vasco (presidente del Gobierno) Iñigo Urkullu, entre otros.

En los alrededores del TS se desplegaron al menos unos 200 efectivos policiales para garantizar la seguridad del inicio del proceso.

Esta causa judicial es una de las más polémicas en España y tiene a la opinión pública dividida.

Además, ocurre en un momento en el que se espera que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anuncie elecciones anticipadas para el 14 de abril.

La Moncloa está entre la espada y la pared después de romper el diálogo con los secesionistas catalanes esta semana, cuya representación en el Congreso puede hacer fracasar su proyecto de presupuestos.