Por: Susana Noguera

Las últimas cifras recopiladas por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) muestran que Colombia tuvo 61 asesinatos de líderes sociales entre enero y mayo de 2020. La cifra representa un aumento del 30%, comparado con los homicidios registrados en el mismo periodo del año pasado.

El aumento en estos homicidios vislumbra el drama profundo que vive Colombia con los asesinatos selectivos de personas que lideran procesos políticos en zonas rurales, denuncian la corrupción, buscan implementar el Acuerdo de Paz de 2016 y están al frente de procesos de restitución de tierras. Analizar las cifras a fondo es clave para entender el complejo panorama de violencia contra los líderes sociales.

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Juan Carlos Garzón, director de dinámicas del conflicto y negociaciones de paz en la FIP, explica que detrás de los asesinatos hay distintas lógicas que están muy conectadas con la situación de orden público y seguridad del país. “Analizar el tema de líderes de manera aislada a lo que pasa con excombatientes y otros grupos poblacionales no deja de ser problemático”, dice el experto. Se debe analizar de forma integral, agrega, pero teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.

Comúnmente se le ha echado la culpa de los homicidios a la violencia en algunas zonas del país que son estratégicas para el tráfico de drogas y a los grupos armados organizados que operan allí, dice Garzón. De hecho, el Gobierno de Colombia organizó el cartel de los “mata líderes”, las personas más buscadas por los asesinatos de líderes sociales. En el cartel aparecen las fotos de la cúpula de la guerrilla del ELN, miembros de la disidencia de las FARC, así como otros grupos ilegales. Sin embargo, el experto señala que el problema es mucho más complejo.

“No negamos que las economías ilegales y la confrontación entre grupos tiene un peso, pero lo que nos hemos encontrado es que tenemos también homicidios y agresiones contra líderes en zonas que no son tan importantes estratégicamente”, dice el analista.

Entre las causas que podrían estar detrás de los asesinatos y que no responden directamente al conflicto armado está la corrupción. Hay varias zonas donde los líderes asesinados habían hecho denuncias o tenían una agenda ligada a descubrir el mal uso de recursos públicos, sobre todo a nivel local. Ese fue el caso de Iván Giraldo Fúmeque y Jhonatan Borja, dos dirigentes políticos asesinados el 30 de enero en el departamento del Valle del Cauca. Según los reportes iniciales, ambos habían denunciado casos de posible corrupción en contratos de la Alcaldía de Candelaria, su municipio.

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Otra razón detrás de los asesinatos es la lucha por la implementación del Acuerdo de Paz. “Esa agenda, con las brechas que tiene, con los incumplimientos, ha hecho que estos líderes también estén en una situación de vulnerabilidad”, dice Juan Carlos Garzón. Ese fue el caso de Efrén Ospina Velásquez, quien fue acribillado por sicarios en el municipio de Tibú, Norte de Santander, a principios de febrero de 2020. El hombre hacía parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

De hecho, según el registro de la FIP, los municipios que participan en el PNIS pasaron de 10 asesinatos en los primeros cinco meses de 2019 a 22 casos en el mismo periodo de 2020. “Es decir, en los municipios PNIS se da de manera más fuerte” la violencia contra los líderes, asegura Garzón.

Quienes lideran procesos de reclamación de tierras y toda la agenda que hay en torno a las víctimas del conflicto armado también son blanco de los violentos. Luis Darío Rodríguez Narváez, miembro de la Unión de Familias Desplazadas y Vulnerables de Tierralta, Córdoba, fue asesinado el 18 de enero, cuando regresaba a su casa luego de pescar.

“No hay una sola explicación. Puede haber una confluencia de dinámicas”, dice Garzón. El experto explica que es necesario superar la mirada simplista de que los homicidios de líderes se explican por los grupos armados o porque hay cultivos ilícitos. “Por esa vía la comprensión está muy lejana de lo que pasa en el terreno, la complejidad de lo que pasa en las regiones”, añade.

La respuesta del Gobierno colombiano ante los asesinatos

El presidente Iván Duque ha insistido en que los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos los están ejecutando personas ligadas a las economías ilegales y grupos como las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo y Los Caparros. “Aquí lo que tenemos es una capacidad de disuasión de la Fuerza Pública para enfrentar el crimen organizado. El año pasado logramos una de las tasas más bajas de secuestros, seguiremos trabajando en eso este año”, dijo el mandatario en una entrevista con la Radio Nacional el pasado 8 de junio.

Como resultado, en muchas zonas del país se ha aumentado la presencia de la fuerza pública con el argumento de que luchando contra los 'mata líderes' se acabará el problema de los asesinatos. Pero la militarización no ha llevado un mayor nivel de seguridad a las regiones, según encontraron los investigadores de la FIP.

“En términos de indicadores objetivos uno no ve una relación entre más militarización y menos impacto humanitario”, dice Garzón. Una de las razones por la que la presencia del Ejército no necesariamente disminuye el impacto humanitario del conflicto sobre la población es que la militarización muchas veces tiene las misiones muy específicas de golpear economías ilegales, enfrentar estructuras armadas o buscar a alguno de sus líderes, pero eso no necesariamente se traduce en proteger a la población. Por ejemplo, hay desplazamientos en zonas donde hay una mayor presencia de la fuerza pública.

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La noche no impidió que continuara la marcha contra los asesinatos de líderes sociales

Manifestantes continuaron durante la noche la marcha de protesta contra los asesinatos de líderes sociales y pidieron también la protección de los defensores de derechos humanos y activistas de izquierda. (Juancho Torres - Agencia Anadolu) 

 “Incluso la fuerza pública y los militares han repetido en distintas ocasiones que su presencia y su influencia es insuficiente. Es decir, a punta de militares no se va a cambiar lo que sucede en las regiones ni vamos a tener más seguridad”, dice Garzón.

La experiencia de los últimos meses ha dejado claro que una mirada netamente militarista no solucionará un problema tan complejo como los asesinatos de líderes sociales, pero una estrategia burocrática tampoco parece ser la solución.

“Lo que hay que reconocer es que hasta el día de hoy hay decretos, normas y disposiciones de todo tipo”, dice Garzón, pero no se han podido detener los ataques, es decir que el camino de tener más políticas escritas o más decretos y medidas en el papel parece no ser el más necesario ahora.

En los últimos meses una palabra muy de moda ha sido “articulación”, un término utilizado para decir que es importante que el problema de los asesinatos se trate desde diferentes entidades estatales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de forma conjunta. Ahora, dice Garzón, Colombia no tiene una, sino varias instancias para articular otras entidades. “Hay una mesa de articulación de la Defensoría del Pueblo, una mesa de la Procuraduría General de la Nación, otra del Ministerio del Interior… todo se volcó hacia la articulación y entonces ahora tenemos un rompecabezas que tenemos pendiente de armar”, dice Garzón.

El reto que enfrenta Colombia en estos momentos es el de usar todas las lecciones aprendidas, los decretos firmados, las entidades creadas y las herramientas entregadas por los diferentes organismos de la comunidad internacional, para realmente cambiar la situación en los territorios asediados por la violencia. “Al final lo que hemos producido es un rompecabezas y en este momento no sabemos muy bien cómo lo podemos pegar para que la situación cambie”, concluye Garzón.