Los cuatro exministros de la administración de la expresidente chilena Michelle Bachelet que intervinieron en el proyecto para la despenalización del aborto en Chile denunciaron, durante una rueda de prensa, que el actual Gobierno de Sebastián Piñera modificó un reglamento para alterar el sentido de la ley sobre la interrupción del embarazo.

Los funcionarios aseguraron que el Gobierno de Piñera determinó que las instituciones que invoquen la objeción de conciencia para evitar la práctica de un aborto podrán recibir aportes estatales.

En la administración de Bachelet se había determinado que los centros de salud privados que reciben ingresos fiscales no podrían acudir a la objeción de conciencia para negarse a hacer un aborto.

Los exministros de la Secretaría General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente y Paula Narváez; de la de Salud, Carmen Castillo, y de la Mujer, Claudia Pascual, hicieron el pronunciamiento.

Narváez acusó al actual Gobierno de retroceder en derechos individuales y afirmó que se ejercerá presión política para que no se cambien las reglas sobre el aborto en Chile. "Por la vía administrativa no se le puede torcer el sentido a la ley y al derecho. Por eso nos parece importante instalar el debate público", manifestó al medio CNN.

En septiembre del año pasado Bachelet promulgó la ley que despenaliza el aborto en tres casos en Chile. La norma permite la interrupción del embarazo cuando sea producto de un abuso sexual, cuando la vida de la madre corra peligro o cuando el feto tenga una alteración genética letal.

El proyecto para despenalizar el aborto en Chile fue presentado por Bachelet en enero de 2015 al Congreso, donde se debatió por más de dos años.