Varias organizaciones de la sociedad civil convocaron, este miércoles, manifestaciones en contra de los que consideran constantes ataques del procurador general brasilero, Augusto Aras, hacia los fiscales a cargo de investigaciones vinculadas a los casos de corrupción de Lava Jato.

Los llamados de los ciudadanos se dan luego de que Aras denunciara que los fiscales de la operación Lava Jato, que hacen parte de la entidad que lidera, montaron una red para hacer seguimientos ilegales a 38 mil personas.

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“No se puede imaginar que una unidad institucional tenga una caja de secretos. Una institución de la república no se puede servir de la extorsión, de espiar, no puede valerse de ningún propósito no republicano”, sostuvo Aras en una videoconferencia con abogados del portal web Prerrogativas.

El exministro de Justicia de Brasil y juez en el caso Lava Jato, Sergio Moro, se pronunció en defensa de los fiscales.

“No conozco secretos ilícitos dentro del alcance de Lava Jato. Por el contrario, la operación siempre ha sido transparente y sus decisiones han sido confirmadas por los tribunales de segunda instancia y también por los tribunales superiores”, manifestó Moro.

Las investigaciones de los fiscales de Lava Jato permitieron hallar los actos de corrupción en los que se vieron envueltos funcionarios del Gobierno que incluyeron sobornos recibidos de la constructora brasilera Odebrecht.

Con base en las investigaciones de los fiscales fue condenado el expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva, por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.

Lula ha sido condenado por delitos de corrupción en dos casos, donde jueces en su país comprobaron que recibió un apartamento y aceptó unas mejoras a una vivienda que frecuentaba, pagadas por Odrebrecht, a cambio de favores.

El exmandatario fue condenado a 12 años de cárcel por recibir el apartamento y a 17 años por aceptar las mejoras a la residencia que figura a nombre de su amigo y empresario, Fernando Bittar.

El expresidente, sin embargo, se encuentra en libertad al verse beneficiado por una decisión del Tribunal Supremo del país de principios del pasado mes de noviembre que consideró que un condenado no puede cumplir una sentencia hasta que sean agotados los todos los recursos judiciales.