ESTAMBUL

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anunció este martes que “una autoridad judicial de ejecución”, en este caso la justicia belga, “no puede negarse a ejecutar una orden de detención europea (ODE)”, en referencia a la ODE que el Tribunal Supremo de España emitió en 2020 “en el marco de las diligencias instruidas contra ex dirigentes catalanes tras la celebración, el 1 de octubre de 2017, de un referéndum de autodeterminación de la Comunidad Autónoma de Cataluña”.

En una nota de prensa, el TJUE informó que “dicha autoridad deberá, no obstante, negarse a ejecutar dicha orden si comprueba que en ese Estado miembro”, en este caso España, “hay deficiencias sistémicas o generalizadas que afectan a su sistema judicial y que el órgano jurisdiccional que habrá de enjuiciar a la persona buscada en dicho Estado miembro es manifiestamente incompetente para ello.

El TJUE recordó que “los tribunales belgas rehusaron cursar la ODE emitida contra” el exconsejero de Cultura de la Generalidad de Cataluña, Lluís “Puig Gordi, por considerar que había un riesgo de que se vulnerara el derecho de este a ser juzgado por un tribunal establecido por la ley, dado que la competencia del Tribunal Supremo para enjuiciar a las personas reclamadas no se apoyaba en una base jurídica expresa”.

En este sentido, el TJUE reiteró que los “principios de confianza y de reconocimiento mutuos entre los Estados miembros constituyen la piedra angular del sistema de cooperación judicial de la ODE”. Sin embargo, subrayó la “importancia capital que reviste el derecho fundamental a un proceso equitativo” y recalcó que “este derecho garantiza la protección del conjunto de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables y la salvaguardia de los valores comunes de los Estados miembros”.