El Salvador aprobó una ley que proporciona estrategias de protección para las personas desplazadas por la violencia dentro del país centroamericano.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) indicó este viernes que la nueva norma beneficiará a decenas de miles de ciudadanos que han sido forzados a huir de sus hogares por las pandillas y el crimen organizado.

La norma describe los derechos de las personas desplazadas, incluido el derecho a solicitar y recibir asistencia humanitaria, protección de unidad familiar, un nivel de vida adecuado y soluciones duraderas.

“La ley prevé además el establecimiento, por primera vez, de un sistema nacional integral que reúne a una amplia variedad de instituciones estatales para colaborar en la respuesta y prevención del desplazamiento forzado”, dijo Liz Throssell, la portavoz de la Agencia, ante periodistas en Ginebra. El texto de la legislación fue redactado con el apoyo técnico del Acnur.

Se estima que la norma, que aún debe ser sancionada por el presidente Nayib Bukele, tendrá un impacto sobre los 71.500 salvadoreños que fueron desplazados por la fuerza entre 2006 y 2016. La portavoz dijo que la ley también ayudará a decenas de miles de personas más que actualmente corren el riesgo de verse obligadas a huir de sus hogares.

En julio de 2019, El Salvador se sumó a Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá para responder a las necesidades de las personas desplazadas forzosamente a través del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones (MIRPS).

En 2020, El Salvador asumió la presidencia temporal de este mecanismo innovador de respuesta al desplazamiento forzado en países de origen, tránsito y destino.