El proyecto con el que Bolsonaro busca “monitorear” la educación en Brasil

Por: Joana Oliveira

Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal – PSL), quien asumirá la presidencia de Brasil en enero de 2019, se hizo conocido por sus discursos ultraconservadores, en los que atacaba a las mujeres y a otras minorías sociales, como negros y personas LGBT, y por su defensa del libre porte de armas de fuego.

No obstante, a lo largo de su campaña fueron pocas las propuestas que hizo con respecto a temas como la salud o la educación, más allá de su promesa de combatir el “adoctrinamiento de izquierdas y la ideología de género” en los colegios.

Y si bien sus promesas de armar a la población o impulsar la economía brasileña son poco factibles a corto plazo, es precisamente la educación —que sigue sin un posible nombre para ministro— el sector en el que el nuevo Gobierno puede promover más cambios.

Uno de los deseos de Bolsonaro y de su equipo es reinsertar en el currículo escolar disciplinas de educación moral y cívica, eliminadas desde el fin de la dictadura militar en Brasil (1964-1989) y relacionadas con la enseñanza religiosa.

“Si uno cree en Dios y tiene su posición, no le corresponde a la escuela querer cambiar ese tipo de cosas”, afirmó el general Aléssio Ribeiro Souto, uno de los encargados de elaborar el plan de educación del Gobierno, durante la campaña electoral.

El general también propone una revisión del tema de los gobiernos militares en las clases de Historia, que en los colegios militares se trata como “la revolución de 1964”, aunque los libros del Ministerio de la Educación definen el régimen como una dictadura.

Luiz Freitas, catedrático de la Universidad de Campinas, en Sao Paulo, considera esa visión un “retroceso” y una “concepción autoritaria de la educación”. “Ellos creen que cualquier forma de pensar contraria a la suya debe ser reprimida y censurada”, asegura.

Freitas destaca que, al defender esas políticas, el futuro presidente y su equipo recaen en lo que tanto reprochan: el combate a una ideología con la imposición de sus creencias.

En las primeras semanas después de las elecciones, la diputada del PSL, Ana Caroline Campagnolo, publicó un video en las redes sociales en el que pedía que los alumnos grabaran y denunciaran a los profesores que hicieran “manifestaciones político-partidarias o ideológicas" en el aula, lo cual desencadenó una ola de denuncias ante la Justicia contra profesionales e instituciones de enseñanza.

Uno de los afectados fue el profesor de Historia Jam Santos, acusado de adoctrinamiento tras mostrar en una clase de secundaria de un colegio privado la película 'Bautismo de sangre', basada en un libro sobre la dictadura. Un alumno grabó una parte de la película, que llegó a las redes sociales. A raíz de esto, Santos sufrió ataques virtuales en los que fue cuestionado por supuestamente hacer una crítica a Bolsonaro.

Escuela sin partido

La principal bandera de esa lucha contra un supuesto adoctrinamiento ideológico es el proyecto de ley ‘Escuela sin partido’, creado por el partido Demócratas (DEM), que prohíbe prácticas como el uso de la palabra “género” o de la expresión “orientación sexual” en las escuelas.

Una comisión especial del Congreso iba a debatir el proyecto este martes, pero el tema fue aplazado. El combate a la llamada “ideología de género” estuvo, de hecho, muy presente durante la campaña de Bolsonaro, quien acusó a su adversario y exministro de Educación, Fernando Haddad (Partido de los Trabajadores – PT), de haber creado un “kit gay” para ser distribuido en las escuelas brasileñas.

Se trataba de un material creado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y por ONG especializadas que constaba de un cuaderno y de algunas piezas impresas y audiovisuales con información sobre el combate a la homofobia.

Amanda Travincas, profesora de Derecho y especialista en libertad académica, considera que la 'Escuela sin partido' representa un daño al concepto de democracia. “Para garantizar un aula libre, la estrategia es precisamente hacer coexistir la expresión del profesor con la expresión del alumno. Es decir, reconocer al alumno como un sujeto autónomo, no como una tabula rasa que absorbe cualquier expresión del profesor. Este modelo de educación es absolutamente retrógrado”, sostiene.

Los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) también consideran que esas propuestas educativas “no están en el camino del derecho democrático”. En sesiones realizadas en las últimas semanas, después de que agentes de policía irrumpieran en por lo menos 35 universidades públicas del país para retirar carteles que representarían propaganda política irregular, los jueces compararon estos episodios con la dictadura o el nazismo.

“Esos hechos traen tristes recuerdos de la historia del mundo. Basta recordar la quema de libros en la Alemania de 1933 de autores que no se alineaban con el régimen nazi”, dijo el juez Luís Roberto Barroso.

"El profesor que habla de nazismo, comunismo, tiene derecho a hacerlo, y los alumnos tienen el derecho de debatir y cuestionar. No es papel del poder público filtrar esas cuestiones. ¿Cómo una autoridad puede prohibir la realización de una clase que todavía ocurrirá? Eso es censura previa", criticó el magistrado Alexandre de Moraes.

Más allá de la ideología

El equipo económico de Bolsonaro, liderado por el economista Paulo Guedes (futuro ministro de Economía), propone la creación de un “ticket educación” para que las familias sin recursos puedan matricular a sus hijos en colegios privados. Así, el gobierno ahorraría dinero del mantenimiento de escuelas y de la nómina de los profesores.

Este modelo es igual al adoptado en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, en los años 1980. “Si bien los tickets ayudaron a algunos alumnos, no mejoraron el nivel de educación del país”, recuerda Olavo Nogueira, director del movimiento Todos por la Educación.

Otra propuesta es cobrar la mensualidad en las universidades públicas, algo que no contempla la Constitución del país: los “más ricos” pagarían los estudios y así el Estado costearía la matrícula de los demás. No obstante, los expertos consultados coinciden en que eso generaría una segregación social en las instituciones.

Otro eje sería la ampliación de la enseñanza a distancia (EaD), que Bolsonaro considera una forma eficaz para combatir la supuesta adoctrinación política. Con clases grabadas y la interacción controlada entre alumno y profesor, su gobierno busca abaratar costos y ampliar el alcance de la escuela en lugares remotos mediante la tecnología. Así mismo, busca instituir la EaD en la educación básica "como un importante instrumento y no vetado de forma dogmática".

Para implementar la mayoría de esas medidas, el futuro Gobierno necesitará la aprobación del Senado y del Congreso, algo que, teniendo en cuenta que el PSL tiene la segunda mayor bancada de la Cámara (con 52 parlamentarios, detrás del PT, con 56), no sería complicado.

Por otro lado, para aplicar los cambios curriculares Bolsonaro probablemente colisionará con las directrices del Plan Nacional de Educación y de la Base Nacional Común Curricular. También chocaría con las determinaciones recientes del Consejo Nacional de Educación, órgano independiente que auxilia las tomas de decisión del Ministerio de Educación.

“Eso representaría una ruptura con el Consejo”, alerta Daniel Cara, coordinador de la Campaña Nacional por el Derecho a la Educación, quien concluye que “por otro lado Bolsonaro ya ha probado que desprecia las reglas del juego democrático”.