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El exdetenido que ahora lucha por la liberación de presos en medio del COVID-19 en México

Junto con los familiares de muchos presos, el activista José Humbertus Pérez lidera protestas y sesiones informativas para evitar un brote de coronavirus en los centros penitenciarios con sobrepoblación.

Alejandro Melgoza Rocha   | 17.04.2020
El exdetenido que ahora lucha por la liberación de presos en medio del COVID-19 en México Familiares de reos iniciaron protestas y sesiones informativas a las afueras de diversos penales del Estado de México para exigir su liberación para evitar un brote de COVID-19. (Cortesía de la asociación Presunción de Inocencia y Derechos Humanos)

MÉXICO

Por: Alejandro Melgoza Rocha

Familiares de reos iniciaron protestas y sesiones informativas este fin de semana a las afueras de diversos penales del Estado de México (Edomex) para exigir la liberación de internos con el fin de evitar un brote de COVID-19 en centros penitenciarios con sobrepoblación.

Esto, debido a que en este estado, que es el más poblado del país, ya se reportaron los primeros cuatro casos de infectados con COVID-19 dentro del sistema penitenciario, además de otro más en Yucatán, así como 19 casos sospechosos, cifras que despiertan el temor de los familiares de los presos.

Detrás de esta iniciativa, la primera de este tipo que se lanza en el país, se encuentra la asociación Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, dirigida por el activista y ex reo José Humbertus Pérez Espinoza, quien asegura que “despoblar el 40% (de los detenidos en las cárceles) permitiría tener mayor manejo en el problema del COVID-19”.

Dicha organización decidió tomar cartas en el asunto, según dice Pérez en entrevista con la Agencia Anadolu, después de las declaraciones que realizó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michel Bachelet, sobre tomar medidas urgentes “ante el brote de la enfermedad y el creciente número de muertes ya reportadas en las cárceles y otros centros en más y más países”.

Pérez Espinoza -conocido por encabezar un movimiento para exponer la fabricación de delitos a inocentes en el penal de Chiconautla, Ecatepec-, señaló también que, tras las pláticas sostenidas con familias de internos, existe una inquietud, por lo que la urgencia de medidas preventivas, no solo en el Edomex sino en el resto del país, evitaría posibles motines.

“Nuestra manifestación es para evitar que se produzca un motín. Se tendrían que despresurizar los penales porque en cuanto comience a brotar el COVID-19 habrá motines”, añade Pérez, quien fue liberado el 22 de enero pasado, luego de que la Fiscalía local no lograra acreditar las acusaciones que se le imputaban.

“Es una política de discriminación hacia los internos, como si no fueran parte de la sociedad, privados de su libertad, y ahora olvidados a partir de la emergencia sanitaria. Están muy olvidados, sometidos, ha sido brutal”, agrega.

Según Humbertus, el plan para “despresurizar” los penales del Edomex -la entidad posicionada en el segundo lugar con mayor población penitenciaria a nivel nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía- consiste en la liberación de los internos que cuentan con beneficios como la libertad anticipada y condicional, sobre todo para quienes ya obtuvieron brazalete electrónico, con el cual se puede verificar la localización del reo y revisar el cumplimiento de las medidas impuestas.

Estos beneficios, explica, están contemplados como parte del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, basados en la Ley Nacional de Ejecución Penal y en el reglamento de la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso en el Edomex, que tiene como finalidad “regular las diversas medidas cautelares, de tal forma que siempre se opte por aquella que provoque la menor afectación posible”.

En ese sentido, Pérez Espinoza explica que de los 29.000 internos registrados oficialmente en esta entidad al menos 13.000 tuvieron que dejar la cárcel por contar con diversas modalidades de beneficios.

Además de la movilización, comentó Pérez en entrevista telefónica, también repartieron este fin de semana 6 mil volantes, brindaron 150 asesorías y realizaron casi 2 mil formatos de solicitudes de registro para establecer una base de datos de reos que, insistió, deben ser liberados. Estas acciones fueron realizadas en los penales de Barrientos, Chalco, Neza Bordo, Texcoco, Otumba Tepachico y Chiconautla.

“Fue una manifestación pacífica e informativa, y de llenar los formatos para que la gente salga. Vamos a llegar a casi 2 mil formatos de peticiones de diferentes penales”, aseguró Humbertus.

La Agencia Anadolu tuvo acceso al formato de registro, el cual, una vez analizado e ingresado en una base de datos, será entregado a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, encabezada por Alejandro Encinas.

“Establecimos una base de datos que habrán de hacerle llegar al subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, sobre todo por el problema de aquellos que no necesitarían un proceso complicado de libertad, porque ya tienen la libertad anticipada y condicionada, y otros que se declararon confesos”, dice.

“Eso hace un universo del 40% de los presos de los penales del Edomex. A ellos ya no tendrían por qué incluirlos en ningún indulto o política de beneficio porque la ley ya se los permite”, precisó.

Por ahora esta ha sido la primera acción, con protestas y sesiones informativas en penales, pese a la emergencia sanitaria. La coordinación con familiares de convictos se debe a que Humbertus lideró la “revolución azul”, un movimiento conformado en el 2016 por casi 400 internos que no habían sido sentenciados, los cuales suelen vestir trajes azules.

Mientras tanto, el colectivo Documenta A.C. interpuso un amparo el pasado 30 de marzo para ‘preliberar’ a personas privadas de la libertad en 13 penales de Ciudad de México, con el objetivo de garantizar su derecho a la salud frente al coronavirus.

Asimismo, este 14 de abril el gobierno capitalino le informó a la asociación que revisarán expedientes de reclusos que son candidatos a la preliberación.

Por su parte, la CNDH emitió un comunicado este lunes que “confirmó que se tomaron todas las medidas sanitarias” hasta el momento. Sin embargo, este miércoles notificó que se presentaron las primeras manifestaciones de violencia dentro y fuera del penal de Cuautitlán, debido a que se prohibieron las visitas de familias a los internos por el COVID-19.

Falsos culpables

Pérez Espinoza fue encarcelado en 2015 por delitos que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no logró acreditar en los juicios orales desde esa fecha hasta enero de 2020.

El activista denunció que se le “fabricaron delitos” a partir de que ganó amparos a través del Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna en contra de la empresa Urbi Desarrollos Urbanos, por fraude inmobiliario.

Esta empresa supuestamente está ligada a la familia de políticos Urbina Bedolla, que a su vez mantenía relación con el exgobernador, Eruviel Ávila.

Dentro del penal de Chiconautla, Ecatepec -el municipio más poblado de América Latina- Pérez creó la organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos, con la que asesoró a reos que acusaban a las autoridades de presuntamente inventarles delitos.

De ahí derivó el amparo colectivo 1595/2016-III, suscrito por casi 400 internos por violación a la presunción de inocencia y tortura, documentado en la investigación “Edomex: fábrica de culpables”, de La Silla Rota y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

Por lo anterior, el maestro del Instituto Politécnico Nacional aclaró que sería un “error” solo liberar a los reclusos encarcelados por delitos menores y con beneficios, pues a su juicio “se debería incluir en todo este beneficio a los falsos culpables, a los que no deben estar ahí, a los que están ahí por delitos falsos”.

“Nadie quiere hacerse responsable de los falsos culpables que están en esa puerta giratoria (…) Estamos haciendo este mecanismo para pedirle al magistrado presidente, Ricardo Sodi Cuellar, la revisión de todos estos casos para que sean liberados. Lo que hacemos es ayudar al Estado, no perjudicarlo”, explica en entrevista telefónica.

Condiciones de salud

Acompañado de familias de reos, el activista expuso el pasado 11 de abril a las afueras del penal de Barrientos, localizado en el Edomex, la supuesta falta de medidas básicas establecidas por la Secretaría de Salud (SSA) dentro de las cárceles del Edomex.

Otra de las denuncias de la asociación son las condiciones en la alimentación, el acceso a la salud y la falta de información sobre el COVID-19, hechos en los que coincidieron cientos de familias de reos en una reunión que sostuvieron el pasado 27 de marzo con el activista.

“Es muy mala la alimentación. Mucha gente padece de desnutrición (…) En todos estos penales hay una carencia de infraestructura médica. En el penal de Chiconautla no hay antibióticos, hay personas con calentura (fiebre), sin paracetamol o medicina para un problema infeccioso. Si no hay para eso, menos para atender el COVID-19”, acusa.

“Estamos demandando que se haga el protocolo básico, porque los internos no han tenido pláticas para que les expliquen la necesidad de higiene y la sana distancia. No pueden hacerlo si se la pasan encerrados”, añade el activista, quien dijo que uno de los objetivos de los plantones fue comprobar con las familias de internos qué información han recibido.

Por lo anterior, la asociación exhortó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal del Edomex a que “haga una valoración de deficiencia en medicamentos que se necesitan, dotación de camas de unidades médicas y los instrumentales médicos. No sabemos si serán suficiente”.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana envió a la Agencia Anadolu un comunicado emitido el pasado 3 de abril, en el cual señala que el sistema penitenciario “ha implementado medidas de prevención específicas y de atención prioritaria”.

De igual manera, asegura que se han seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la CNDH y la SSA “a fin de evitar posibles contagios entre las personas privadas de su libertad, personal penitenciario, visitas y defensores”.

Entre dichas acciones -detalla el documento- están los monitoreos permanentes, las medidas para evitar contacto físico, controles de detección de sintomatología y productos de higiene, así como la reubicación de los detenidos mayores de 60 años y campañas de información mediante folletos, carteles y videos.

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