El emblemático caso de la familia Molina Theissen en Guatemala regresaría a la impunidad

Por: Sergio García Hernández

Un martes 6 de octubre de 1981, al mediodía, la vida de la familia Molina Theissen en Guatemala se partió en dos con el secuestro de Marco Molina Theissen, un niño de 14 años, a quien unos hombres armados vinculados con el Ejército se llevaron de su casa, en presencia de su madre, Emma Theissen Álvarez. Desde entonces el menor se encuentra desaparecido.

La detención sucedió unas horas después de que su otra hija, Emma Molina Theissen, hermana de Marco y activista, lograra huir de una base militar del departamento de Quetzaltenango, al occidente del país, donde sufrió torturas y violaciones sexuales durante nueve días.

Emma fue detenida en un retén del Ejército el 27 de septiembre de 1981 por cargar en su maleta propaganda del Partido Guatemalteco del Trabajo, opositor al Gobierno represor y dictatorial de Fernando Romeo Lucas, un militar que rigió Guatemala entre 1978 y 1982.

La familia Molina Theissen ha denunciado que el secuestro y la desaparición de Marco fue la respuesta vengativa de los militares a la huida de Emma.

La desaparición forzada de Marco y los abusos a Emma fueron condenados por un tribunal guatemalteco el pasado 23 de mayo. El caso se convirtió en una emblemática lección para el país y la región latinoamericana al llevar a la cárcel a cuatro militares retirados de alto mando a inicios de la década de los ochenta entre los que se encontraba Benedicto Lucas García, el hermano del dictador.

Los otros tres militares condenados fueron Hugo Ramiro Zaldaña, Manuel Antonio Callejas y Francisco Luis Gordillo. Los cuatro militares retirados pertenecieron a la cúpula del Ejército y recibieron penas de entre 33 y 58 años de cárcel.

No obstante, este histórico caso podría regresar a la impunidad por una reforma propuesta en el Congreso de Guatemala a la Ley de Reconciliación Nacional (LRN) que pretende ofrecer amnistías a perpetradores de crímenes como los que sufrieron Marco y Emma Molina durante el conflicto.

Las amnistías a los responsables de la pesadilla que ha vivido la familia Molina Theissen, durante más de 37 años, se les ofrecerían a los militares tan solo diez meses después de la primera condena contundente en el marco del caso.

Ante la posibilidad de que se apruebe la reforma a la LRN, Emma Theissen Álvarez, y sus tres hijas: Emma, María Eugenia y Lucrecia Molina Theissen recordaron su caso el pasado lunes en una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) donde el tribunal revisó los avances de una sentencia que emitió sobre el caso en 2004.

Durante la sesión, las víctimas le solicitaron al tribunal que emita una resolución urgente en la que indique que la iniciativa de reforma a la LRN es contraria a las obligaciones internacionales que tiene el Estado guatemalteco.

Lucrecia Molina Theissen, de 63 años, habló con la Agencia Anadolu sobre el impacto que causaría en su familia la aprobación de la reforma sobre la que afirmó que otorgaría amnistías a crímenes de guerra cometidos contra su familia. “Esto es la renovación del agravio. Es la revictimización total y absoluta y es el desprecio a la vida humana y a nuestra dignidad”, aseveró.

La hermana de Emma y Marco consideró que la reforma no tiene en cuenta los intereses de las víctimas del conflicto guatemalteco entre los que se encuentran sus derechos a la justicia y a la verdad.

Lucrecia detalló que los cuatro militares condenados mantienen vínculos con el poder mediante los que han logrado impulsar la iniciativa con la que pretenden salir amnistiados y evadir el castigo por los graves crímenes que cometieron.

“Son ancianos, como nosotras, que nos estamos envejeciendo. Pero son personas que siguen manteniendo cuotas de poder”, aseguró Lucrecia para quien los militares han logrado permear las estructuras del Gobierno de Jimmy Morales mediante el partido derechista FCN-Nación con el fin de conseguir el respaldo del Ejecutivo en la reforma a la Ley de Reconciliación.

Al referirse a la condena contra los cuatro militares, en mayo de 2018, Lucrecia resaltó que su familia la recibió con satisfacción. “Es un hecho de justicia que se espera de una sociedad civilizada, a lo que aspiramos que sea algún día llegue Guatemala”, aseveró.

“Pienso que este caso es una lección de ética para quienes ejercen el poder, para que no se erijan por encima de las leyes y se sometan a la justicia en el caso de que las infrinjan, sobre todo tratándose de crímenes de la magnitud de los cometidos en contra de mis hermanos”, sostuvo la hermana de Marco y Emma.

Para Lucrecia Molina Theissen la condena a los cuatro altos mandos militares le mostró a su país y a la región latinoamericana que “el dolor de las víctimas no puede ser despreciado”. “Es una lección de dignidad en un país donde la norma ha sido la injusticia y el desprecio hacia los desposeídos”, sostuvo.

Con voz pausada, Molina Theissen asegura que pese a los avances que ha tenido la justicia ninguna sentencia puede revertir lo sucedido a su hermana ni le va a devolver a su familia a Marco Antonio. “De hecho, los militares ni siquiera fueron capaces de vernos a la cara y confesar sus crímenes, probados ampliamente, y mucho menos de pedir una disculpa o decirnos dónde se encuentra mi hermano”, indicó.

Al hablar sobre el paradero de Marco Antonio, Lucrecia aseguró que su familia le exige al Estado que le informe donde se encuentran sus restos pues es consciente de que su no regresará con vida. “Tuvimos que aceptar esta desaparición como definitiva”, asegura con voz firme y añade: “37 años son contundentes. Hay que hacerlo de lo contrario uno es capaz de perder la cordura esperando a que vuelva alguien que no va a volver jamás”.

“Sabemos la índole de los criminales que le tuvieron en sus manos. De ellos no se podía esperar que lo resguardaran ni lo protegieran. Aunque, alguna vez soñamos con eso”, agregó Lucrecia.

El último recuerdo que tiene de su hermano es del día de su secuestro, en 1981. Aquel 6 de octubre llegó a su casa a dar la noticia sobre el escape de Emma de la base militar. Tuvo que salir a la calle, antes de que llegaran los militares, y conserva en su memoria la imagen que vio de Marco por última vez. “Se alistaba para ir a un examen de colegio a la 1 de la tarde”, relató.

“Posiblemente 10 minutos después de que yo salí de mi casa llegaron. Ocuparon la casa. Utilizaron a mi madre como un escudo humano. Le apuntaron con una pistola en la cabeza y recorrieron cuarto por cuarto. Mi hermano estaba en la sala engrilletado a un sillón y amordazado. Reducir su vida a eso es algo sumamente doloroso”, afirmó Lucrecia.

Marcela Martino, subdirectora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) para Centroamérica y México que ha representado a las Molina Theissen, le indicó a la Agencia Anadolu que el caso de Emma y Marco es paradigmático porque muestra la lucha de una familia para que se conozca la verdad sobre los crímenes que sufrieron y se lleve a la justicia a los responsables.

Para Martino, la reforma que cursa en el Congreso va en contra del derecho internacional que impide amnistiar delitos, como los sufridos por Emma y Marco, que definió como una afrenta a la humanidad.

La subdirectora de Cejil manifestó que la sola discusión de la reforma y su avance en el trámite legislativo, aún sin ser aprobada, es una revictimización para la familia Molina Theissen. “Esta discusión de la Ley de Reconciliación Nacional nuevamente les afecta en su integridad porque pretende tapar con un manto de impunidad las gravísimas violaciones que no solo fueron determinadas por la Corte IDH sino por un tribunal independiente guatemalteco”, aseguró.

Martino precisó que la reforma a la ley lo único que pretende es que en 24 horas salgan de la cárcel los cuatros militares condenados por sus delitos contra la familia Molina Theissen y que otros procesos similares no puedan ser juzgados.

Otro de los planteamientos que hizo la familia a la Corte IDH es que el Estado no ha cumplido con la búsqueda de los restos de Marco Antonio Molina Theissen y su devolución a su familia para que puedan sepultarlo.

La familia mencionó que el Estado se ha escudado en el trámite que cursa una ley para la creación de una comisión de búsqueda nacional de desaparecidos, que lleva casi una década estancada en el Congreso, para evadir la búsqueda de Marco.

“El Estado no sólo no ha avanzado en la creación de la comisión sino que ha utilizado la discusión sobre su creación para no avanzar tampoco en la orden que la Corte le dio que fue específicamente buscar los restos de Marco Antonio”, detalló la subdirectora de Cejil.

Los representantes de la familia también propusieron la creación de un banco genético que permita tener información de familiares de los cerca de 45.000 desaparecidos que dejó el conflicto en Guatemala en la segunda mitad del siglo XX con el fin de contrastarla con los restos que sean encontrados.

Durante la sesión en la Corte IDH, Emma Molina Theissen, de 58 años, quien no suele pronunciarse sobre los abusos que sufrió, cerró la presentación de testimonios de la familia con palabras contundentes sobre la reforma que avanza en Guatemala: “me siento insultada que a menos de un año después de estar en la cárcel ahora pretendan liberarlos”. Su madre de quien heredó el nombre también tuvo una corta intervención ante el tribunal donde exigió que los militares sigan condenados y pidió que se recuperen los restos de Marco.

“Les pido que intervengan para saber qué pasó. (…) Quiero darle una cristiana sepultura a Marco. No me imagino donde pueda estar mi hijo”, aseveró Emma Thiessen Álvarez ante la Corte IDH y a sus 84 años.

La sentencia de 2004 que fue revisada el lunes en la Corte IDH establecía en sus primeros puntos resolutivos que el Estado debe localizar y hacer entrega de los restos mortales de Marco Antonio Molina Theissen a sus familiares y que debe investigar efectivamente los hechos del caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada.

Desde entonces, luego de 15 años, la entrega de los restos de Marco sigue pendiente y las sanciones que llegaron 37 años después de los crímenes podrían volver a la impunidad.