El jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, presentó ante el Consejo de Seguridad un nuevo informe trimestral sobre la implementación del acuerdo de paz en Colombia.

Durante su intervención, Ruiz Massieu leyó ante los miembros del organismo los avances de la implementación, así como las cinco prioridades que planteó el secretario general António Guterres sobre este proceso para el año 2021.

Entre varios puntos, el diplomático mexicano habló de la necesidad de reforzar las medidas de protección de excombatientes y líderes sociales, así como de la importancia de los recursos para el proceso de reincorporación de los antiguos miembros de la guerrilla a la vida civil.

Los representantes del Consejo de Seguridad de la ONU acogieron el informe presentado por Carlos Ruiz Massieu, y validaron los puntos presentados en el documento que abarca el periodo del 26 de septiembre al 28 de diciembre de 2020.

Pero el más contundente fue el representante de Rusia ante las Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, que aunque reconoció los avances en estos cuatro años, afirmó que hay “brechas claras en la implementación del Acuerdo por parte del Gobierno” de Iván Duque.

Ver también: ONU pedirá priorizar protección de excombatientes y líderes sociales en Colombia en 2021

“Este documento histórico, apoyado por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, es en sí mismo una hoja de ruta que debería ser respetada estrictamente. Sin embargo, las cinco recomendaciones que se presentan en el informe abordan casi todos los aspectos del proceso de paz. Significa que el progreso en todas las pistas es insuficiente”, señaló Nebenzia.

Además, citando a la ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), dijo que ha habido una “campaña sistémica de intimidación y exterminio contra los participantes del proceso de paz” y que la posición de los “activistas cívicos y líderes sociales no es menos espantosa”.

“Otras vías prioritarias también requieren avances urgentes: reforma agraria integral, cambios electorales, reintegración política y social de los participantes del proceso de paz, problema de las drogas…”, añadió.

Vassily Nebenzia también lamentó que los organismos estatales responsables del proceso de paz, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz, aún carecen de financiamiento. Igualmente, reprochó la “baja eficiencia” de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del acuerdo final (CSIVI). “Suscitan especial preocupación”, dijo.

“No es raro que el Gobierno ignore las sesiones de CSIVI, mientras que este organismo es crucial, ya que proporciona una plataforma para el diálogo directo de las partes colombianas”, subrayó.

Y adicionalmente, el representante ruso afirmó que el “Acuerdo Final de Paz está perdiendo impulso” y que a las autoridades rusas le preocupan los “intentos de interpretar y sustituir disposiciones de este documento por el programa Paz con Legalidad”, la política de Gobierno de Iván Duque respecto a la implementación.

Al finalizar su intervención, Nebenzia indicó que el documento carece de información suficiente sobre disidentes de las Farc y miembros del ELN, pues a su juicio, “la paz duradera en Colombia es imposible sin la participación de todos los actores clave”.

Seguridad y respeto por decisiones de la JEP

Al igual que Rusia, los demás miembros del Consejo de Seguridad hicieron énfasis en la importancia de garantizar la seguridad para excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos y en general para la sociedad civil.

Jonathan Allen, representante permanente adjunto del Reino Unido ante la ONU, dijo que aunque “Colombia tiene mucho que celebrar” al acercarse al quinto aniversario del acuerdo, no se pueden “perder de vista los desafíos importantes que siguen existiendo para la paz”.

Allen se refirió a la situación de seguridad de las comunidades locales y señaló que hay una “frustración creciente” por este motivo.

“Hay que dar recursos suficientes para que los líderes y defensores de derechos humanos tengan seguridad cuando lo soliciten. Hay atraso de más de mil solicitudes de protección”, precisó.

Mona Juul, la embajadora de Noruega, hizo un llamado a las autoridades colombianas a “cooperar” con los organismos de justicia transicional y dijo que “hay una honda preocupación por la situación de seguridad”: “Nos preocupa el aumento de violencia, la discriminación contra las mujeres, líderes afro, indígenas, activistas LGTBI”.

Juul subrayó que “debe ser intolerable que más de 250 excombatientes hayan sido asesinados, cuatro desde principios de este año. “Reconocemos los esfuerzos del Gobierno, pero estas cifras demuestran que debe hacerse más”.

Byrne Nason, de Irlanda, compartió la inquietud por los casos de violencia en curso e indicó que “cualquiera que perpetre actos de violencia debe ser llevado ante la justicia”.

“Nos preocupa y mucho los informes de reclutamiento forzoso de menores y de jóvenes en grupos terroristas, algo que representa una amenaza constante a la paz”, sentenció.

Pero al tiempo, constató que “hacen falta estrategias eficaces para una redistribución eficaz de la tierra”.

“Nos preocupa especialmente la violencia de género contra mujeres y niñas. Los casos de este tipo de violencia se han incrementado durante los último meses”, advirtió.

Nathalie Broadhurst Estival, representante permanente de Francia ante el organismo mundial, insistió en que “se mantiene la violencia contra niños, jóvenes, mujeres y excombatientes” y pidió “que se ponga fin a estos actos”.

Señaló que “la reforma rural integral debe ponerse en marcha, (pues) es importante resolver el acceso a la tierra que se plantea desde hace tiempo” y destacó que “la paz implica también oportunidades socioeconómicas para todos”.

Finalmente, añadió que “el programa de sustitución de cultivos ilícitos ha demostrado su eficacia y representa una gran esperanza para miles de familias”, así que “debe consolidarse con recursos complementarios”.

Ver también: ONG advierte que en Colombia han sido asesinados 280 líderes sociales en el 2020

Richard Mills, encargado de Negocios de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, aseguró que “la implementación del Acuerdo de Paz no se iba a hacer de la noche a la mañana” e hizo un llamado a “todas las partes a participar plenamente de las iniciativas de paz y reconciliación”.

El representante de China, Zhang Jun, hizo especial énfasis los “crímenes violentos contra excombatientes” y aseveró que “garantizar la seguridad es indispensable para la paz”. Asimismo, expresó que la “pobreza extrema podría responder a estos casos de violencia” e instó al Gobierno a que “invierta más en desarrollo” en las zonas rurales.

“Es urgente, la reforma rural debe ponerse en marcha. Garantizar integridad física y protección es elemento integral del Acuerdo. En varias regiones hay crímenes violentos y agresiones contra excombatientes. Respaldamos Gobierno Colombiano en mejora en seguridad, gobernanza en zonas rurales, y medidas de protección”, puntualizó.

Los representantes de México, San Vicente y las Granadinas, Estonia, Vietnam e India y los ya mencionados, hablaron sobre los avances de los mecanismos de justicia transicional y el progreso general de varios puntos del acuerdo, como la reincorporación, pero hubo una preocupación generalizada sobre la violencia que aún persiste en zonas del país, los actos de agresión y los asesinatos de exguerrilleros y miembros de la sociedad civil, así como por las denuncias de reclutamientos de niños y jóvenes, incluidos indígenas, por disidentes de las antiguas Farc y otros grupos armados organizados.

Al mismo tiempo, los miembros del Consejo solicitaron a las autoridades colombianas respetar las primeras decisiones en materia judicial que dictará el tribunal de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el primer semestre de este año.

Por otra parte, el órgano de la ONU valoró la petición del presidente Iván Duque de extender por un año más las labores de la Misión de Verificación en el país suramericano.

El turno final fue para la ministra colombiana de Exteriores, Claudia Blum, quien agradeció el informe de la Misión reconoció que el mayor reto en esta etapa de construcción de paz es la seguridad de las “comunidades, líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes”.

La canciller ratificó que “las víctimas están en el centro” de todos los esfuerzos” e informó la reciente prórroga de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por 10 años adicionales. Destacó que “el Gobierno del presidente Duque ha entregado más de 220 mil indemnizaciones individuales a víctimas por un total de 498 millones de dólares, además de reparaciones de carácter colectivo”.