Santiago Serna
26 Agosto 2017•Actualizar: 26 Agosto 2017
El pleno legislativo analizará este viernes el pedido de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para admitir la audiencia de vinculación penal contra el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, en el caso Odebrecht. El contenido será considerado a las 3:00 p.m. hora local.
La investigación adelantada por la Fiscalía General asegura que la constructora brasileña pagó USD 14 millones a Glas. La autorización del legislativo es necesaria para procesar penalmente al segundo mandatario, quien ya perdió todas sus funciones ejecutivas y solo ocupa su cargo para remplazar al presidente en caso de ausencia.
Para facultar la vinculación del vicepresidente a las investigaciones por asociación ilícita, la Constitución de Ecuador indica que se requiere el voto favorable de dos terceras partes del parlamento, es decir 92 sufragios afirmativo.
De ser así, la CNJ deberá iniciar la audiencia de formulación de cargos contra el Glas el 29 de agosto.
Por su parte, María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización, dice que este proceso penal no serviría para que se inicie un juicio político. Según Carrión, en la Carta Magna se establecen los delitos por los que podría censurarse al vicepresidente y la asociación ilícita no es uno de ellos.
Alianza País (partido político de Glas) optó por dar paso a la petición que hizo la CNJ. “El bloque de los 74 asambleístas confía plenamente en la inocencia del compañero Jorge Glas. No tiene nada que esconder. Alianza País votará autorizando la vinculación del vicepresidente en el proceso penal requerido por el juez Jurado de la Corte Nacional de Justicia”, sostuvo José Serrano, presidente de la Asamblea y legislador por AP.
Las investigaciones realizadas por Fiscalía han permitido procesar a siete personas, de las cuales cinco tienen prisión preventiva y dos arresto domiciliario por ser de tercera edad. Entre los detenidos está el tío del vicepresidente, Ricardo Rivera, quien recibió USD 13 millones por parte de la constructora.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que el grupo Odebrecht pagó en Ecuador USD 33,5 millones desde 2007 a 2016, para lograr beneficios equivalentes a unos USD 116 millones. Fueron en total unos USD 439 millones en doce países.