El Congreso argentino sancionó ley contra la corrupción en empresas

La Cámara de Diputados del Congreso de Argentina sancionó este jueves un proyecto que establece un régimen de responsabilidad penal para empresas y otras personas jurídicas.

La iniciativa se convirtió en Ley en la cámara baja, con 144 votos a favor, seis negativos y 31 abstenciones.

La nueva Ley cobra importancia, ya que el Código Penal argentino solo contempla penas para personas naturales, por lo que una compañía implicada en actos ilícitos contra la administración pública podía seguir operando sin consecuencias.

Las sanciones van desde multas económicas que oscilan entre el 2 % y el 5 % del monto del beneficio que se podría haber obtenido en el ilícito hasta la suspensión de actividades y de la participación de licitaciones con el Estado.

El Senado dio vía libre a la iniciativa en septiembre pasado, pero introdujo cambios a la propuesta inicial, por lo que volvió a la cámara baja.

Entre las modificaciones que hizo el Senado estuvo la eliminación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que quedó fijada en seis años, así como la limitación de la futura ley a los delitos contra la administración pública, para no abarcar todas las infracciones contempladas en el Código Penal argentino.

La cámara alta también extendió el objeto de la Ley a los delitos de cohecho y tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y realización de balances falsos en empresas.

Con este paso, Argentina cumple con un requisito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El diputado Guillermo Carmona, del Frente para la Victoria, adelantó que su bancada se abstendría de votar el proyecto y aseguró que esta ley podría denominarse ley OCDE: “una organización en la que el gobierno está interesado en participar, que pone condiciones para su ingreso”.

Por su parte, el bloque Unidos por una Nueva Argentina criticó los cambios del Senado. “Deja librado a que el sistema de punibilidad de las personas jurídicas sea una decisión privada de la empresa y afecte el principio de orden público tal como lo establece el código penal”, señaló el congresista Juan Fernando Brügge.

Desde la otra orilla, el diputado Daniel Lipovetzky aplaudió la sanción de la Ley: “Hoy estamos dando un paso enorme en la lucha contra la corrupción. Si queremos terminar con la corrupción tenemos que sancionar a los funcionarios, a los empresarios y a las personas jurídicas”.

Un gran número de parlamentarios kirchneristas salió del recinto.