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El balance del paro armado que afectó a gran parte del noroccidente de Colombia donde al menos diez personas murieron

El grupo armado ilegal Clan del Golfo tomó represalias por la extradición la semana pasada de su líder alias “Otoniel” a Estados Unidos.

Laura Gamba y Aicha Sandoval Alaguna   | 10.05.2022
El balance del paro armado que afectó a gran parte del noroccidente de Colombia donde al menos diez personas murieron Miembros del Ejército de Colombia permanecen en un puesto de control en las calles de cerca a Carepa, región de Urabá, Antioquia, Colombia, el 5 de mayo de 2022. (Juancho Torres - Agencia Anadolu)

Colombia

Al menos ocho personas murieron durante el paro armado generado por el grupo armado ilegal Clan del Golfo, del 5 al 9 de mayo, en el noroccidente de Colombia.
 
La banda criminal anunció este lunes el fin de la prohibición de actividades cotidianas en cientos de poblaciones y ataques armados que dejaron un saldo de cinco miembros de la fuerza pública y tres civiles muertos, 187 vehículos destruidos y 190 hechos violentos en 101 municipios de 10 departamentos del país, según el último reporte de las autoridades locales.

Por parte del ministerio de Defensa en el paro tres militares, tres civiles, dos policías y dos presuntos delincuentes fueron asesinados, así como nueve uniformados heridos.

Según la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) 178 municipios en 11 de los 23 departamentos del país, fueron afectados por acciones violentas. Dichas acciones dejaron, según la JEP, 24 civiles y dos miembros de la fuerza pública muertos, así como 26 vías bloqueadas, 138 comunidades confinadas y 22 ataques a la fuerza pública.

 
Tras el anuncio, sin embargo, el departamento de Antioquia, el más afectado del paro con 35 municipalidades paralizadas, fue escenario de un ataque en el que perdieron la vida dos personas.
 
Las autoridades continúan en alerta y los residentes de más de 180 municipios colombianos se niegan a salir de sus casas.

Además, las terminales de transporte volvieron a funcionar, pero el flujo de pasajeros fue bajo.

En Antioquia, las Empresas Públicas de Medellín, reportaron el desabastecimiento en el suministro de gas en varios municipios, afectando a más de 77.000 personas. Por su parte, la presidenta Ejecutiva de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), Nidia Hernández, informó que el paro dejó pérdidas superiores a los USD 3,2 millones. 


El presidente de Colombia, Iván Duque, encabezó una sesión de un consejo de seguridad en el Urabá antioqueño luego del anuncio del grupo criminal de la finalización de su paro armado.
 
“El Clan del Golfo ha pretendido generar intimidación a través de actos cobardes tratando de mostrar, desesperadamente, una fortaleza que no tiene. A estos delincuentes el mensaje es claro: o se someten a la justicia o van a correr con la misma suerte de ‘Otoniel’”, acertó el mandatario en Twitter.
 
En represalia por la extradición de su líder Dairo Antonio Úsuga, alias "Otoniel", a Estados Unidos, el grupo armado y cartel del narcotráfico restringió el movimiento de miles familias, aterrorizó pueblos y amedrentó a los civiles del norte del país durante los últimos cinco días.

El jueves 5 de mayo el Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los urabeños o Clan Úsuga, hizo circular un panfleto en el que se "decreta 4 días de paro armado". El panfleto indicaba que quedaba prohibido "abrir negocio de ninguna índole" y "movilizarse en ningún tipo de transporte".

El comunicado terminaba con la amenaza de "consecuencias desfavorables" a aquellos que incumplieran estas medidas.

Otoniel, que fue extraditado el 5 de mayo por cargos de narcotráfico, era el capo de la droga más buscado de Colombia antes de ser capturado en octubre de 2021 tras una operación militar masiva.
 
Según las autoridades, la Policía arrestó a 102 personas responsables de los ataques armados, incluido a alias "Pedro", uno de los máximos líderes del Clan del Golfo en el departamento de Magdalena.
 
Aunque se desplegaron miles de militares en los departamentos afectados, las autoridades locales critican al Gobierno debido a las “falencias” en cuanto a la presencia de las fuerzas de seguridad.
 

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