El asedio a opositores en Nicaragua continúa: se registran 17 agresiones por día

Por: Wilfredo Miranda Aburto

María Esperanza Sánchez García, una activa opositora al gobierno de Daniel Ortega, estaba en una “casa de seguridad” en Managua, cuando un convoy de policías ingresó a la vivienda y la capturó este domingo 26 de enero. De inmediato, su detención fue reportada en las redes sociales, la herramienta básica que los ciudadanos usan para denunciar estos “secuestros políticos”, que son comunes en Nicaragua desde que la administración sandinista instaló un estado policial en el país para perseguir detractores.

Los oficiales que detuvieron a Sánchez García no presentaron ninguna orden de captura avalada por un juez. Tampoco le notificaron a la mujer cuál era el delito porque el que la capturaban. Los policías se limitaron a allanar la vivienda, capturar a la mujer y trasladarla a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), la prisión a la que van a terminar los opositores al gobierno.

El caso de Sánchez García no es aislado en Nicaragua. Un grupo de ciudadanos conformó un equipo llamado “Monitoreo Azul y Blanco”, el cual recoge todas las detenciones y agresiones a los opositores.

A través de bases de datos, cruces de información a nivel de redes sociales y los tendidos territoriales articulados desde la Unidad Nacional Azul y Blanco (un bloque opositor de gran envergadura), el equipo reveló a la Agencia Anadolu que, desde julio 2018 hasta enero 2020, contabilizan 8.947 agresiones a ciudadanos que se oponen al gobierno. Las agresiones van desde detenciones a amenazas, hostigamiento, golpizas y persecución de parte no solo de la policía sino de grupos simpatizantes al régimen.

Ya sea que las agresiones las perpetren policías o simpatizantes sandinistas, el móvil siempre es por razones políticas. Por ejemplo, el pasado sábado 18 de enero, la policía capturó en el departamento de Carazo, al sur de la capital, a cuatro excarcelados políticos, quienes habían sido liberados de prisión en meses antes gracias a las presiones internacionales sobre el gobierno de Ortega, el mismo que aún mantiene en las cárceles a 65 reos de conciencia.

De la misma forma que con Sánchez García en Managua, la recaptura de los opositores en Carazo careció de fundamento legal. De acuerdo a los familiares de Lésther Selva, Walter Jiménez, Luis Fernando Vindel y Jairo Sequeria Galán, los policías irrumpieron en las viviendas gritando que llegaban a “capturar un terrorista”, el adjetivo que usa el gobierno para calificar a sus opositores.

Los policías señalaban a los jóvenes opositores de haber realizado en Carazo un “tranque exprés”, es decir una protesta relámpago en las calles para burlar el estado policial. El excarcelado político Alex Hernández, quien forma parte del equipo de monitoreo, dijo a Agencia Anadolu que en promedio diario en Nicaragua ocurren 17 agresiones a opositores. “Hay días que ocurren más, pero definitivamente el pan de cada día son las amenazas”, dijo.

Cambio en el patrón represivo

El equipo del “Monitoreo Azul y Blanco” señaló que han identificado “un cambio en el patrón represivo” empleado por el gobierno. Si durante las protestas iniciadas en abril de 2018 hubo asesinatos (325 apunta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), detenciones en masa de opositores, con la instalación del estado policial y la excarcelación de la mayoría de los presos políticos, la conducta policial y de los simpatizantes sandinistas comenzó a perseguir y hostigar a todo aquel opositor que intentaba organizarse en contra del gobierno.

“Cuando el régimen siente que se agota un modelo de represión, como fue el de los asesinatos durante las protestas, cambia las estrategias. Entonces ahora trata de amedrentar y de contener futuros procesos organizativos de todas estas personas excarceladas”, dijo Ana Lucía Álvarez, integrante del “Monitoreo Azul y Blanco”.

El preso político Hernández explicó que los presos políticos fueron excarcelados a través de una ley de amnistía que los conminaba a no involucrarse en actividades políticas. Sin embargo, los reos de conciencia salieron con un liderazgo agigantado de la prisión y siguieron realizando oposición.

“El cambio de estrategia represiva fue forzado por el fallido intento de acallar los liderazgos mediante la ley de amnistía. Con la excarcelación vino una amenaza: la no repetición. Obviamente siguió el activismo de estas personas excarceladas… y el régimen aplicó la represión a través de estos castigos que se hacen a familiares”, dijo Hernández, en referencia a que también los familiares de los presos políticos sufren golpizas, persecuciones o los simpatizantes del gobierno les pintan sus casas con la amenaza “Plomo”.

“Desplazamiento interno”

El “Monitoreo Azul y Blanco” revela que el 35% de los ataques son dirigidos contra los familiares de las víctimas, 29% a los presos políticos excarcelados y 17% a los activistas políticos, principalmente en ciudades como Managua, Masaya, Carazo, Matagalpa, Estelí y León.

El análisis realizado por los ciudadanos opositores advierte que esta dinámica de represión ha generado un “fenómeno de desplazamiento interno, el exilio, la pérdida de relaciones económicas y políticas”. “Tres de cada cinco personas que sufren este asedio se han desplazado”, comentó Álvarez.

Excarcelados políticos como Nairoby Olivas, cuya casa de habitación en la ciudad de León sufrió asedio casi diario desde que fue excarcelado, tuvo que dejar el país para “devolverle la tranquilidad a su familia”. Otros jóvenes excarcelados, y símbolos de la protesta social como Amaya Coppens, una universitaria de nacionalidad nicaragüense y belga, vive en casas de seguridad. Su vivienda en la ciudad de Estelí ha sido vandalizada en varias ocasiones, y sus hermanos fueron brutalmente vapuleados por una turba sandinista en la ciudad de Chinandega.