El 2020 fue el año más violento de la última década para los defensores de derechos humanos en Colombia

Por: Sammy Palomino Uribe

El 2020 fue el más violento de los últimos 11 años para los defensores de derechos humanos en Colombia. En total, se registraron 969 agresiones individuales contra 942 personas, según el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos del Programa Somos Defensores.

Esta cantidad de agresiones implica un aumento de 125 casos respecto a 2019, es decir, un 15% más de incidencia. De acuerdo con el Programa Somos Defensores, los atentados contra la vida e integridad de las personas obstaculizaron la labor de liderazgo y defensa de los derechos humanos, y, en consecuencia, afectaron procesos sociales y comunitarios.

“El 2020 se consolida como un año nefasto para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, con un promedio de 2,64 agresiones por día, que resulta aún más preocupante si se toma en cuenta que buena parte del año el país estuvo sometido a las medidas de aislamiento social decretadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19. En ese orden de ideas, se abren múltiples interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para cumplir con su mandato constitucional de protección general en varias regiones del país”, explicó el programa no gubernamental de protección a defensores de derechos humanos en su informe anual.

Entre todas las agresiones que se registraron el año pasado, el 62,3% fueron amenazas (604), el 20,5% asesinatos (199), el 8,2% atentados (79), el 3,1% detenciones arbitrarias (30), el 2,9% judicializaciones (28), el 2,6% desapariciones (25) y el 0,4% (4) robos de información.

En cuanto a los asesinatos, la cifra de 2020 es la más alta en 11 años y es 60,4% superior que en 2019 cuando se contabilizaron 124 casos.

Algunas de las últimas personas asesinadas en 2020, recordadas por el informe, fueron Norbey Antonio Rivera, integrante de la Asociación Campesina en Argelia; Omar Moreno, miembro del sindicato de trabajadores agrícolas independientes del Meta; Rosa María Mendoza, integrante de la cooperativa de mujeres Asovisbol; Fablio Armando Guanga Quistial, integrante del resguardo indígena El Gran Rosario, y Luis Alberto Anay Ruiz, un docente del municipio de Tumaco en el departamento de Nariño.

Los atentados, que son intentos de asesinatos que no se concretaron, también incrementaron drásticamente en comparación con el periodo 2019 (52%). El Programa Somos Defensores indicó que en lo que respecta a estos dos indicadores debe alarmar que exista un incremento significativo de los hechos directamente destinados contra la vida de los defensores de derechos humanos.

Ver también: ONG alerta sobre 180 agresiones contra defensores de DDHH en Colombia en el primer trimestre de 2021

“Preocupan también las agresiones contra la integridad y libertad de las personas: las detenciones arbitrarias aumentaron en un 3%; y las judicializaciones, que en muchos casos están relacionadas con las detenciones arbitrarias, pasaron de uno a 28 casos, es decir, hubo un incremento del 2.700%. Este último dato es preocupante por ser el registro más alto de este tipo de violencia en los últimos 11 años y, además, porque evidencia una creciente persecución y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos por parte del Estado. Por su parte, las desapariciones también fueron un tipo de agresión altamente utilizado en 2020, con un aumento del 733%”, detalló el informe.

El mayor número de agresiones ocurrió en zonas donde previamente ejercía control la ahora desmovilizada guerrilla de las FARC–EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del pueblo) y en las que la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y la presencia del Estado son escasas.

En este contexto, el Programa Somos Defensores advirtió que las personas que ejercen el liderazgo en procesos específicos enfrentaron en soledad el incremento de la violencia y el deterioro de la situación de los derechos humanos en los territorios.

El Gobierno de Iván Duque implementó la estrategia “Transformación de los Territorios con Legalidad, Emprendimiento y Equidad” en varios de los departamentos en donde la situación de riesgo es crítica, a través de las Zonas Futuro. El establecimiento de estas zonas, según el programa no gubernamental, significó un aumento del pie de fuerza en los lugares afectados por la criminalidad, pero no fue efectivo para la seguridad de las poblaciones.

“A dos años de implementada la estrategia de Zonas Futuro, con altos costos económicos, los resultados que arrojan los cifras en materia de protección a personas defensoras no compensan el esfuerzo institucional y deberían llevar al Gobierno a revisar las expectativas puestas en ella”, señaló en su informe.

Las agresiones ocurrieron en 30 de los departamentos del país, es decir, en el 90,9% del territorio nacional.

Los 10 departamentos donde se registró el mayor número de agresiones contra liderazgos sociales son: Cauca (193), Distrito Capital (Bogotá con 119), Antioquia (81), Nariño (77), La Guajira (70), Norte de Santander (43), Valle del Cauca (43), Santander (34), Putumayo (31) y Bolívar (30).