EEUU y la UE condenan la ejecución de cuatro activistas prodemocracia por parte de la Junta militar de Myanmar

La secretaria de Estado de Estados Unidos denunció con dureza el lunes 25 de julio la ejecución de cuatro activistas prodemocracia en Myanmar, señalando a la Junta militar gobernante de intentar enviar un mensaje de terror contra quienes buscan la restauración del gobierno civil derrocado del país.

"Estos reprobables actos de violencia ejemplifican aún más el total desprecio del régimen por los derechos humanos y el Estado de derecho", afirmó Anthony Blinken en un comunicado.

"Estas ejecuciones son intentos flagrantes de extinguir la democracia; estas acciones nunca suprimirán el espíritu del valiente pueblo de Birmania", añadió, utilizando un nombre más antiguo para Myanmar.

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"Estados Unidos se une al pueblo de Birmania en su búsqueda de la libertad y la democracia y pide al régimen que respete las aspiraciones democráticas del pueblo".

La Unión Europea condenó de la misma forma la ejecución de los activistas. En una declaración en nombre del bloque, el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, condenó "enérgicamente" la ejecución de cuatro líderes de la oposición. "Estas ejecuciones por motivos políticos representan un paso más hacia el completo desmantelamiento del Estado de derecho y una nueva y flagrante violación de los derechos humanos en Myanmar", aseguró Borrell.

Dijo también que las ejecuciones -las primeras en Myanmar en 30 años- demuestran que las autoridades militares "no respetan la vida ni la dignidad de las mismas personas que se supone que deben proteger".

Borrell reiteró que la UE se opone fundamentalmente a la pena de muerte, "castigo inhumano, cruel e irreversible que viola el derecho inalienable a la vida".

La junta militar en Myanmar ejecutó a cuatro personas, importantes activistas políticos, según reveló el mismo lunes el diario del régimen Global New Light. El medio indicó que las ejecuciones se llevaron a cabo durante el fin de semana y la administración militar se negó a entregarle los cuerpos a las familias de las víctimas: Kyaw Min Yu, más conocido como Jimmy, el exlegislador Phyo Zayar Thaw, Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw. Todos habrían sido arrestados el año pasado.
 
Según Global New Light, los cuatro fueron acusados el 14 de marzo de 2021 por "casos de asesinatos brutales".
 
Kyaw Min Yu es un veterano activista del levantamiento a favor de la democracia de 1988 en la nación de mayoría budista, mientras que Phyo Zeya Thaw, un aliado de la líder derrocada de Myanmar, Aung San Suu Kyi, y legislador de la Liga Nacional para la Democracia, perdieron sus apelaciones contra las sentencias en junio, informó el medio.
 
Es la primera vez desde la década de 1980 que Myanmar lleva a cabo ejecuciones. La junta acusó a los cuatro de “ordenar, organizar y cometer conspiraciones para actos de terror brutales e inhumanos, como el asesinato de muchas personas inocentes”, afirmó el diario.
 
“Los tribunales militares pertinentes los acusaron de sus casos en virtud de las secciones pertinentes de la ley antiterrorista y el código penal, y dictaron la pena de muerte para cada uno de esos cuatro culpables”, indicó.

Según el sitio web de noticias Myanmar Now, a los cuatro prisioneros asesinados solo se les permitió verse con sus familias en el centro de reclusión de Insein, el viernes a través de videoconferencia en Rangún.
 
A las familias se les permitió visitar la prisión, pero solo pudieron conversar de manera virtual, informó el medio de comunicación, que añadió que los funcionarios de la Junta les dijeron a los familiares que “no deberían regresar a la prisión para llevar comida o medicinas para los presos”.
 
“A la mañana siguiente se informó que los cuatro prisioneros fueron ejecutados en los terrenos de la cárcel”, señaló el informe, y subrayó que los cuerpos fueron incinerados en el cementerio Htein Pin de Rangún el mismo día.

 
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Poco después de enterarse de las ejecuciones, los abogados de las familias de Jimmy y Thaw buscaron información de las autoridades penitenciarias, la cual les habría sido negada, dijo Myanmar Now.
 
“Los funcionarios de la prisión se negaron a decir cuándo se llevaron a cabo las ejecuciones. Cuando las familias preguntaron si podían recoger los cuerpos, los funcionarios dijeron que no estaban obligados por ley a entregarlos”, indicó el informe al citar fuentes cercanas a las familias.
 
“Ellos (las familias) no realizarán funerales”, señaló el informe, y agregó que los familiares se niegan a aceptar que “sus seres queridos han sido asesinados por el régimen”.
 
“Esto es completamente inaceptable”, dijo la fuente.
 
La historia de la mayoría budista de Myanmar está repleta de regímenes militares.
 
El último golpe, que se llevó a cabo en febrero del año pasado, fue recibido con disturbios civiles masivos. El Ejército ha utilizado la fuerza para sofocar la resistencia y ha matado a más de 2.000 personas, según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos.
 
La ONU estima que más de 700.000 personas fueron desplazadas internamente el 1 de junio, incluidos más de 250.000 niños.
 
La junta ha condenado a muerte a unas 117 personas desde el golpe militar del año pasado, incluidas 41 que fueron condenadas en ausencia.


*Aicha Sandoval Alaguna contribuyó con la redacción de esta nota.