EEUU sanciona a dos empresas de México por intercambiar comida y agua potable por petróleo venezolano
Las compañías Libre Abordo y Schlager Business Group fueron las dos empresas sancionadas.

BOGOTÁ, Colombia
El Gobierno de los Estados Unidos sancionó este jueves a dos empresas y tres ciudadanos mexicanos por supuestamente violar las sanciones contra la exportación de petróleo venezolano, impuestas al Gobierno de Nicolás Maduro.
Las medidas anunciadas por el Gobierno de Donald Trump fueron dirigidas a Verónica Esparza Garcia, su hija Olga María Zepeda Esparza y Joaquín Leal Jiménez, así como las empresas Libre Abordo y Schlager Business Group. Las personas fueron acusadas de intercambiar comida y agua potable por petróleo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) también acusó a las empresas de tener nexos con Alex Saab, quien a su vez es acusado por Estados Unidos de ser testaferro de Maduro.
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El periódico ABC, de España informó que Verónica Esparza García y Olga María Zepeda Esparza son propietarias de Libre Abordo. Esparza García es además gerente de Schlager, es decir, las dos empresas están vinculadas entre sí.
Las dos mujeres y sus empresas están acusadas de intercambiar 15 millones de toneladas de crudo venezolano por 210.000 toneladas de maíz y 1.000 tanques de agua potable.
Por su parte, Joaquín Leal es acusado de participar de este intercambio de petróleo por comida como intermediario. Además, está señalado de tener vínculos con el empresario colombiano Alex Saab, también acusado por Estado Unidos.
El empresario colombiano, señalado como testaferro de Nicolás Maduro, fue detenido en Cabo Verde y extraditado a los Estados Unidos.
La captura de Alex Saab fue confirmada por las autoridades del país africano y por Nicole Navas, portavoz del Departamento de Justicia estadounidense.
Según Navas, la captura del empresario colombiano se realizó gracias a una circular roja de la Interpol por el delito de lavado de activos vinculado al Gobierno de Maduro y que se mantenía bajo reserva.
El Gobierno de Nicolás Maduro afirma que las sanciones impuestas a Venezuela y hacia diferentes funcionarios chavistas, y las empresas que comercien con ellos, dificultan la lucha contra el COVID-19 en el país y provocan escasez y hambre dentro del país.
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