Por: Soledad Donoso
Desde la madrugada de este lunes, los migrantes venezolanos que pretendan ingresar al Ecuador deberán presentar como requisito adicional una visa de residencia temporal de excepción por razones humanitarias, la visa consular de turismo o cualquier otra prevista en la Ley de Movilidad Humana.
Esta fue la decisión adoptada por el presidente de la República, Lenín Moreno, mediante el Decreto Ejecutivo 826 del pasado 25 de julio, con el cual implementó dos nuevos tipos de visado para los venezolanos que requieran ingresar de paso a un tercer país, así como un documento de tipo humanitario para quienes deseen residir en territorio ecuatoriano.
Para ello, el pasado 21 de agosto Ecuador inició el proceso de emisión de visas humanitarias a través de un portal web y habilitó los consulados en Caracas y Valencia, en Venezuela, así como en en Bogotá y Lima, para dar trámite a las solicitudes.
Pese a que el Decreto contempla las nuevas visas, los venezolanos que ingresaron al país entre el 26 de julio y este último domingo, no podrán acceder a las visas humanitarias, aunque podrán regularizar su estatus migratorio a través de los otros tipos de visados contemplados en la Ley de Movilidad Humana, según precisó el Ministerio ecuatoriano de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.
Dentro de la comunidad venezolana que reside en Ecuador, esta medida ha causado incertidumbre, ante la falta de información sobre los eventuales controles que podrían hacer las autoridades para verificar su estatus migratorio.
Alfredo López, representante legal de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, opinó que la entrada en vigencia de esta normativa trae "tranquilidad" a varios de sus compatriotas, pues consideró que podrían regularizar su estadía. “Esta medida exhonera del pago de al menos 800 dólares a cada ciudadano que tenía una multa para solucionar su estatus migratorio, es decir que van a poder acceder a un trabajo, o bien evaluar si Ecuador será su país de residencia permanente o sucesivamente tomar la decisión de ir a un país del sur”, afirmó.
Añadió que la política migratoria ecuatoriana, luego del Decreto 826, "es más completa que en tiempos pasados" y que "el Estado esperó mucho tiempo para poder instaurar políticas migratorias ancladas a esta migración inusual".
Esta medida, según López, debió haberse tomado hace aproximadamente cuatro años atrás, "cuando se empezó a registrar un incremento significativo de ciudadanos venezolanos en el Ecuador". De acuerdo a las estadísticas de migración, detalló, desde 2016 empezó la creciente oleada migratoria. "En ese mismo momento Ecuador debió haber emitido políticas migratorias un poco más adaptadas a lo que realmente está sucediendo en la actualidad", afirmó.
De forma habitual, cada día ingresaban a Ecuador entre 1.500 y 2.000 venezolanos por la frontera con Colombia. Desde el pasado viernes, tres días antes de que entre en vigencia el requisito de visado, autoridades del Ministerio de Gobierno -a cargo del control migratorio- registraron al menos 4.000 diarios, una cifra similar a la de meses pasados, cuando Perú anunció el pedido de visas a venezolanos.
En Ecuador residen más de 300.000 venezolanos, según cifras de Cancillería y de varias organizaciones de apoyo a migrantes, aunque organismos de Naciones Unidas estiman que esta cifra llegaría a 500.000 para fines de año.
Además, no se ha podido establecer una cifra real, debido a que se estima que muchos venezolanos han ingresado por pasos fronterizos ilegales y que se encuentran en el país sólo con sus cédulas de identidad y sin los nuevos requisitos.
El proceso de visado, según ha dicho el presidente Moreno, permitirá que el Estado ecuatoriano pueda tener datos más reales de la situación migratoria. Por ello, el mismo Decreto contempla la realización de un censo a venezolanos que residen en Ecuador, para saber "dónde están, a qué se dedican y en qué condiciones viven los migrantes".
Este censo, que se realizaría a través de una plataforma digital, estará a cargo de los ministerio de Gobierno y Relaciones Exteriores e iniciará el próximo 25 de octubre, con lo cual el Ejecutivo podrá estudiar toda la situación de la población migrante, e incluso "podrá otorgar visas de acuerdo a los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución ecuatoriana como son las personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas, niños, niñas y adolescentes", detalló López.
Ecuador es uno de los países que más migración venezolana ha recibido en estos dos últimos años, lo que le ha significado al país, según sus autoridades, un coste de cerca de USD 77 millones en 2018. Sin embargo, el Banco Mundial está por finalizar su informe sobre la situación migratoria en Ecuador y considera que el país requerirá para los próximos años al menos USD 550 millones para atender a toda la población venezolana.
Este informe incluye un análisis de los gastos que el Gobierno ecuatoriano realizó en años pasados, desde que inició la ola migratoria, además de un estimado del costo en salud, educación, vivienda, entre otros rubros necesarios para los siguientes años.
El Gobierno ecuatoriano adoptó estas medidas para "ordenar" y "regularizar" la situación de los migrantes venezolanos que se han quedado en el país. "Como jefe de Estado es mi deber tomar decisiones que garanticen orden y seguridad para los ecuatorianos y también a los migrantes con pleno respeto a sus derechos", aseveró Moreno durante el anuncio de esta medida.
Ecuador exige visa de ingreso a ciudadanos de 23 países del mundo, ya que en días pasados extendió su pedido de visa a los nacionales de Angola, Camerún, Gambia, Ghana, Guinea, India, Irak, Libia, República Democrática del Congo, Siria y Sri Lanka. La medida fue tomada luego de que un análisis realizado por la Cancillería determinara que el 83% de ciudadanos de esas nacionalidades que llegaron al país aún residen en Ecuador sin una visa legal.
