Ecuador descarta instalar bases militares de EEUU en su territorio

El ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, descartó la posibilidad de instalar una base militar extranjera en este país, luego de que sectores políticos ecuatorianos sugirieran reactivar un convenio con Washington.

Esta posibilidad se planteó tras los episodios de violencia registrados en la frontera con Colombia a manos del grupo disidente de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), liderado por alias ‘Guacho’, como la explosión de un carro bomba en un cuartel policial en enero; la muerte de siete militares y tres periodistas del diario El Comercio, o las amenazas de bombas en Quito y Guayaquil, entre otros.

El ministro Jarrín afirmó que “no hay ninguna base internacional que se vaya a instalar en el territorio nacional” porque así lo prohíbe la Constitución aprobada en 2008, según la agencia estatal de noticias Andes.

El excomandante del Ejército ecuatoriano enfatizó que la protección de la soberanía es una responsabilidad exclusiva de las fuerzas militares.

En marzo pasado, el presidente Lenín Moreno manifestó que no instalaría una base militar en el país “porque esto afecta la soberanía nacional”, al igual que el exsecretario de Estado estadounidense, Thomas Shannon, quien confirmó que Washington “no está interesado en instalar sus tropas en un campamento ecuatoriano”.

De acuerdo con la agencia Andes, políticos como el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; el exalcalde de Quito y excomandante de las FFAA, Paco Moncayo; o el expresidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez, entre otras figuras políticas, han expresado su “complacencia” para se instalen nuevamente tropas estadounidenses en Ecuador, tal como ocurrió entre 1999 y 2009 en la ciudad portuaria de Manta.

Organizaciones de derechos humanos y sociales han expresado su oposición a la propuesta, al considerarla una violación a la soberanía nacional.

La Carta Magna ecuatoriana señala en su artículo 5 que “no se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con fines militares”, al igual que “se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.

Quito y Washington suscribieron un acuerdo en 1999, con una duración de diez años, que permitía el uso y acceso a la pista y parte de la Base de Manta (provincia de Manabí) a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con el objetivo “de luchar contra el narcotráfico en la región”.

Este episodio generó inconformidad y polémica, no solo por las facultades otorgadas a las fuerzas estadounidenses en materia operativa, sino por la inmunidad con que gozaba el personal norteamericano y sus familias, que protagonizaron diferentes tipos de abusos en Ecuador que quedaron impunes.