Dos tercios de los 210 asesinatos de defensores ambientales en el mundo en 2019 ocurrieron en América Latina y el Caribe

En 2019 fueron asesinados 210 defensores ambientales en el mundo, y de ellos por lo menos 140 (dos tercios) fueron asesinados en Latinoamérica y el Caribe.

Así lo informó la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, durante el evento de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, que se realiza este jueves 22 de abril, Día de la Madre Tierra.

“En 2019 hubo 210 defensores ambientales en el mundo, dos tercios en nuestra región, y en 2020 ha sido peor”, dijo Bárcena en su declaración, sin especificar el dato del último año.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, como se conoce formalmente el Acuerdo de Escazú, fue adoptado el 4 de marzo en San José, Costa Rica, por representantes de 24 países y busca implementar el principio 10 de la Declaración de Río, adoptada en la Cumbre de la Tierra de 1992.

Su objetivo es garantizar la protección de los líderes ambientales ante amenazas, presiones o asesinatos, así como la implementación plena y efectiva en la región de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

La titular de la Cepal destacó que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional ambiental y el primero en el mundo en contener provisiones específicas para proteger a los defensores de derechos humanos que cuidan la naturaleza, “aquellos que dan la vida por la vida”.

“Es una guía para escribir un futuro distinto”, añadió Bárcena al poner de presente que la pandemia de COVID-19 “ha transparentado los problemas estructurales de nuestra región”, como desigualdad, pobreza o exclusión social, entre otros.

La secretaria también alertó que la contracción del 7,1 por ciento del PIB regional es “la peor caída de la historia de la región” y dijo que “preocupa mucho que los presupuestos ambientales han sido sacrificados en la región” para atender la emergencia sanitaria por coronavirus.

“El Acuerdo de Escazú nos conmina a reflexionar sobre el estrecho vínculo entre los derechos humanos y la construcción de un desarrollo más sostenible, inclusivo e integrador. Nos ofrece un camino de diálogo para avanzar en la implementación de la Agenda 2030”, dijo.

Y añadió: “En Cepal hemos planteado la necesidad de conectar la emergencia con la recuperación transformadora y abordar los desafíos del planeta”.

Alicia Bárcena hizo un llamado a alcanzar pactos duraderos que “fortalezcan la democracia participativa, salvaguarden derechos humanos y prevengan los conflictos sociales”.

“Para ello es necesario el acceso a la información, a la justicia y a la participación ciudadana. Eso es lo que aborda el Acuerdo de Escazú (…) Es la única forma de prevenir los conflictos”, ratificó.

Durante su discurso también rindió un homenaje a los 12 países que ya ratificaron el pacto ambiental y a los otros 12 que están en proceso de ratificación, e hizo un llamado para que pronto sean parte del mismo, que llamó un “tratado de la región para la región”.

Bárcena aprovechó la oportunidad para invitar a Chile, que “está por debatir una nueva Constitución”, para que incorpore el tratado regional en su nueva Carta Magna: “Esperamos que este acuerdo esté incorporado en la nueva Constitución”.

“En la memoria de tantas y tantos que han pagado con su vida el compromiso por resguardar nuestro planeta para las generaciones presentes y futuras, digamos fuerte, digamos todos: ¡Ezcazú ahora! Ha llegado el momento de la acción”, concluyó la titular de la Cepal al evocar las palabras del sindicalista brasileño Francisco Alves Mendes, conocido como Chico Mendes, asesinado en 1988.

Ver también: La CIDH y ONU Derechos Humanos celebran la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú

Este tratado ambiental es considerado un instrumento legal inédito para la región y representa el primero vinculante que protege a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y establece garantías que protegen su labor.

Pese a que fue firmado por 24 países, el acuerdo solo se aplicará en las 12 naciones que lo han ratificado, a saber: Guyana, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Uruguay, Argentina y México.