Deforestación, invasiones y riesgo de genocidio: las denuncias de los indígenas brasileños ante la ONU

Por: Federico Cornali

Dentro de la que fue la primera participación de las organizaciones indígenas e indigenistas (estudiantes o especialistas en cultura indígena) en la 46a sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Luiz Eloy Terena, asesor jurídico de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), denunció la situación de las diferentes comunidades de todo el país durante la pandemia por la COVID-19. “Pedimos ayuda para detener el genocidio indígena en Brasil”, reclamó el miembro del pueblo Terena, en su discurso en inglés, dirigido particularmente hacia Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos y expresidenta de Chile.

Según el informe divulgado por APIB, 975 indígenas murieron por el coronavirus hasta el 1 de marzo. Teniendo en cuenta la misma fecha, la Secretaria Especial de la Salud Indígena (Sesai) confirmó 43.685 contagios, sin contar los registros de infectados que viven en centros urbanos.

De acuerdo con las agrupaciones que están oficializando su reclamo contra el Gobierno brasileño, el riesgo de genocidio por el virus es enorme entre los denominados “pueblos libres”, aquellos que viven en aislamiento voluntario. “Tenemos informaciones de 114 grupos indígenas aislados y recientemente contactados que están en peligro”, alertó Terena en su discurso, que se hizo viral mundialmente.

Además de la APIB y el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), que fueron las dos organizaciones principales en la presentación de la queja ante la ONU, participaron en carácter de patrocinadores de la denuncia el Instituto de Desarrollo y Derechos Humanos, la Asociación Brasileña de Gays, Lésbicas y Transgéneros, Tierra de Derechos y el Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos (IBASE).

Según los testimonios de quienes firman la denuncia “contra las políticas de exterminio indígena del gobierno federal”, muchas vidas se están perdiendo, entre las que se incluyen las de líderes comunales, ancianos y niños, además de las tradiciones que no se recuperan. “Nuestras comunidades están siendo invadidas por madereros y mineros. El virus está matando a los mayores. La semana pasada, por ejemplo, perdimos al último indígena Juma (poseían territorio en la región del Río Açuã, cercano a la ciudad de Lábrea, al sur del estado de Amazonas). Esas son culturas y lenguas que nunca podremos recuperar”, explicó Terena.

En este último punto, la denuncia apunta directamente contra el presidente Jair Bolsonaro, quien desde que inició su mandato “ofreció ventajas y motivó invasiones a tierras indígenas, aumentando así la presencia de los madereros, los mineros y los usurpadores de tierras que después las comercializan. Con tales presencias, en el período pandémico las aldeas tuvieron un riesgo adicional”, de acuerdo con lo que detalla un documento divulgado por el Cimi.

“La violencia está en franco crecimiento contra los pueblos indígenas de Brasil, y entendimos que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU era el lugar perfecto para manifestar lo que está sucediendo, para darlo a conocer al mundo. Es importante también porque estos consejos suelen tener la participación de jefes de Estado o ministros, por lo que pensamos que sería estratégico marcar presencia allí”, detalla Flavio Vicente Machado, responsable por incidencias internacionales del Cimi. “Aquí, dentro de nuestro país, no existe diálogo con el Gobierno; por eso no tenemos opciones. Es un gobierno negacionista, con claras políticas antiindígenas. Y no solo me refiero al gobierno federal, sino también al poder legislativo de la nación”, agrega.

Antes de elevar la denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la APIB se dirigió a la Corte Suprema brasileña para exigir una medida judicial “sobre lo que Bolsonaro se niega a hacer por obligación constitucional”. Por su parte, la Fundación Nacional del Indio (Funai), órgano indigenista oficial del Estado, implementa “resoluciones e instrucciones normativas que chocan contra el Estado Democrático de Derecho”, según evalúa el Consejo Indigenista Misionero (Cimi).

Algunos de los ejemplos son la Normativa 09, establecida en abril de 2020, la cual concede la certificación de inmuebles rurales en tierras indígenas no homologadas; o las resoluciones 04 (22 de enero de 2021) y 01/2021, que establecen nuevos criterios para la 'heteroidentificación' (evaluación de un tercero en identificaciones étnico-raciales) de indígenas en Brasil y que autorizan las “sociedades” entre indígenas y no indígenas para la explotación económica de los territorios.

“Esta segunda ola del coronavirus, que está golpeando con fuerza a Brasil, alcanza directamente a los pueblos indígenas porque el gobierno no hizo lo que tendría que haber hecho ni siquiera por medio de una determinación de la Corte Suprema, como son las barreras de protección, las barreras de contención, sacar a los invasores de los territorios indígenas y proteger esas tierras”, dice Antonio Eduardo Cerqueira, secretario ejecutivo del Cimi.

Ver también: La “cepa amazónica” del coronavirus es más veloz y mucho más letal entre los jóvenes

“A fuerza de decretos, el gobierno federal posibilita, por ejemplo, el armamento de los terratenientes, quienes después entran en conflicto con los pueblos indígenas. Lo mismo sucede con las normas que incentivan la explotación minera en territorios indígenas. Es una serie de violaciones sistemáticas que tienen como objetivo disminuir el acceso de los pueblos indígenas a las políticas públicas y, aún peor, ya que pretenden anular los derechos de los que no tienen sus tierras demarcadas, de los que luchan por ser reconocidos como pueblos indígenas, entre otros. En síntesis, una política basada en el racismo y el preconcepto, que favorece al agronegocio, que está muy interesado en explotar las tierras para su beneficio”, explica Flavio Vicente Machado.

Durante la misma 46a sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero cuatro días después del testimonio de Luiz Eloy Terena, fue el turno del descargo encabezado por el Consejo Indigenista Misionero frente a David Boyd, Relator Especial sobre Derechos Humanos y Medioambiente.

El asunto, en este caso, fue específicamente la deforestación y las invasiones a las tierras indígenas durante la pandemia del coronavirus. “El nivel de deforestación de la Amazonia es el más alto de los últimos 12 años. Y esto sucede mientras vemos cómo se desarma completamente la estructura de políticas ambientales”, señaló Luis Ventura Fernandes, miembro del Cimi en la región amazónica.

Además de una serie de datos entregados, el Consejo Indigenista invitó a Boyd para que visite la zona inmediatamente y le pidió que, tras su paso por Brasil, realice un estudio que permita “monitorear de cerca estas atrocidades” y ayude a los indígenas en su tarea de proteger los territorios, las selvas, el agua y la biodiversidad.

“El aumento de las invasiones y la paralización de las demarcaciones contribuyó a la crisis global del agua. Por ser un bien universal, está íntimamente vinculado a la protección de los territorios indígenas, según cita el reporte llamado ‘El asesinato del Río Dulce por parte de Vale (empresa minera) y el pesar del pueblo Krenak (el Río Dulce era su principal fuente de subsistencia)’”.

Ver también: La deforestación en la Amazonía vuelve a cifras de hace 12 años

El Diálogo Interactivo sobre el Medio Ambiente y los Derechos Humanos forma parte de la programación de la 46a sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se inició el 22 de febrero y se extenderá hasta el 23 de marzo de este año. El objetivo del espacio es escuchar a las organizaciones de la sociedad civil que actúan en la defensa de los derechos humanos, una oportunidad en la que el Consejo de la ONU también revisa los informes con la ayuda de especialistas, grupos y mecanismos que generarán reportes de comisiones de investigaciones de diferentes países y la adopción de resoluciones temáticas. Para la actual edición, están previstos más de 30 diálogos.

“No creo que después de nuestras denuncias y de los datos que presentamos exista algún tipo de sanción contra el gobierno federal brasileño, al menos no por ahora. Por más que Brasil actualmente haya tenido algunas disputas con la ONU, este establecimiento considera al país mucho más allá de un mandato o presidente puntual, y tiene una ‘relación histórica de Estado’, casi inquebrantable. Aún se respeta mucho a Brasil, a la diplomacia brasileña”, dice Flavio Vicente Machado sobre las posibilidades que se abren ante las denuncias.

“Apelamos más a la respuesta internacional. Seguiremos denunciando y conversando para tener una situación más favorable para los indígenas; si caen algunas restricciones, sobre todo económicas, contra Brasil, por parte de países importantes, tal vez obtengamos respuestas. Lo triste es que, hasta que eso ocurra, se seguirá derramando mucha sangre de nuestros indígenas”, agrega el responsable por incidencias internacionales del Cimi.