Defensores de un río en Honduras llevan un año en prisión por oponerse a un proyecto minero

Por: Diego Carranza

Este martes 1 de septiembre, Porfirio Sorto Cedillo, José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez cumplieron un año de prisión en una cárcel de Honduras. Pero un compañero suyo, Jeremías Martínez, está tras las rejas desde diciembre de 2018.

Estos ocho hombres permanecen en la Penitenciaría Nacional ‘Marco Aurelio Soto’ (en el municipio de Támara, a unos treinta minutos de Tegucigalpa), por oponerse a una concesión minera de la compañía Los Pinares en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, en el norte del país, que según defensores del ambiente, contamina varios afluentes que nacen en el Parque Nacional Carlos Escaleras, incluido el río Guapinol.

Edy Tábora, director del bufete Justicia para los Pueblos, que coordina el grupo de ocho abogados de los ‘Defensores de Guapinol’ (como se conoce a este grupo de hombres), le contó a la Agencia Anadolu que este caso tiene su origen en la declaración del Parque Nacional Montaña de Botaderos como área protegida en 2011 y en la posterior solicitud de una concesión minera por parte de Los Pinares tres años después.

Según Tábora, dicho permiso, que fue negado inicialmente por el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) por estar en la zona núcleo de la montaña, y por el Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) porque estaba en zonas de recuperación forestal y agua, fue aprobado por el Congreso hondureño tras “reducir la zona núcleo de la montaña y ampliar la zona de amortiguamiento del parque”.

“Lo que hizo el Congreso fue hacer una trampa (…), aprobó la concesión en 2014, sin consultar a las comunidades”, indicó.

Un año después, las comunidades organizadas en el Comité Municipal de Defensa de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (Colón), empezaron a consultar sobre lo que ocurría y a presentar denuncias ambientales porque el río empezó a cambiar de color. En 2016 se realizaron consultas comunitarias a través de cabildos abiertos, protestas y otras acciones, sin obtener respuestas. A este antecedente se le sumó lo que define Edy Tábora como un “proceso de criminalización” por resistencia comunitaria, protestas, campamentos, huelgas de hambre, etc.

“Por estas oposiciones que ha habido de las comunidades en Honduras, en varias zonas del país, normalmente han ido acusando (a las personas) por delitos de usurpación de bienes y espacio público y daños en bien público”, precisó.

En noviembre de 2018 ocurrió otro hecho que desencadenó dos meses después, en enero de 2019, la acusación a 31 personas supuestamente identificadas como la ‘Banda de Guapinol’ por los delitos de asociación ilícita, incendio agravado y privación injusta de la libertad.

“Ese origen abusivo (la acusación por asociación ilícita) generó que los compañeros estén presos actualmente”, a pesar de que ya fueron absueltos y reconocidos como defensores por varios organismos nacionales e internacionales, explica el jurista.

Al menos un centenar de personas en situaciones similares

Edy Tábora precisó que en una conferencia realizada en agosto de 2018, las plataformas de empresas privadas en Honduras mencionaron que aunque hay muchos casos con conflictos, tenían cinco “de gran interés”, los mismos contra los que el Ministerio Público presentó acusación formal.

Según indicó, en Honduras “nadie sabe a ciencia cierta cuántos proyectos están en marcha, porque son muchísimas las concesiones”. Y adicionalmente, tampoco hay un número unificado de cuántas personas podrían estar atravesando algún lío jurídico por oponerse a proyectos mineros, hidroeléctricos o que genere alguna afectación grave al ambiente.

Sin embargo, el abogado precisa que aunque “el movimiento campesino de reivindicación de tierras habla de entre 3.500 a 5.000 personas, específicamente en temas de la lucha por la imposición de proyectos, serían alrededor de 100”.

“Todas estas criminalizaciones comenzaron con Berta Cáceres... las primeras personas acusadas desde esta lógica de los megaproyectos fueron Berta y otros dos miembros de la junta política del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh)”, recalcó.

Ver también: Fiscalía de Honduras acusa a 16 personas por delitos denunciados por líder asesinada Berta Cáceres

De acuerdo con el informe “Territorios en Riesgo II, minería, generación de energía eléctrica e hidrocarburos en Honduras”, divulgado en abril de 2019 por varias organizaciones de sociedad civil, el 65 % de los municipios en Honduras cuenta con áreas de concesiones mineras y/o de proyectos de generación de energía eléctrica.

Más detalladamente, el reporte indicaba que la minería podría estar afectando 156 municipios del país, la generación de energía otros 100, mientras que la extracción de hidrocarburos estaría presente en 25 municipios de la costa Caribe.

El documento señalaba igualmente que hasta julio de 2018, el Estado hondureño registró 540 concesiones mineras y 307 proyectos de generación de energía eléctrica; de estos, 47 proyectos mineros y 25 de generación de energía estaban dentro de zonas protegidas.

Asimismo, el reporte precisaba que 32 concesiones mineras y 10 proyectos hidroeléctricos estaban dentro de microcuencas.

“Selectividad e irregularidad” en manejo de procesos judiciales

Finalmente, el director del bufete advirtió que en Honduras “hay una selectividad” en el manejo de los procesos jurídicos, porque han “presentado diez denuncias relacionadas con concesión minera ilegal, amenazas, desalojos ilegales, entre otras, y el Ministerio Público no ha realizado ninguna investigación”.

“Hay una selección muy clara institucionalmente hablando”, añade, al resaltar que sus defendidos están siendo procesados en juzgados especiales de criminalidad organizada, controlados directamente por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y creados en el marco de la doctrina de seguridad estatal que se instauró a partir de 2011 para enfrentar el narcotráfico, las ‘Maras’ y la violencia de pandillas.

Ver también: Honduras: condenan de 30 a 50 años de prisión a asesinos de la ambientalista Berta Cáceres

Tábora subraya que estos juzgados solo pueden conocer de casos de crimen organizado, pero reprueba que “hasta la fecha solo han sido utilizados para acusar a los campesinos”. Al mismo tiempo, revela que en el país centroamericano “está ocurriendo un fenómeno en el que, según los empresarios, los grupos de pandillas o ‘mareros’ se estaban apropiando de tierras de los terratenientes”, por lo que manifestaban la necesidad de que se “metiera el delito de usurpación en el marco de estos delitos de criminalidad organizada”.

“Nosotros hemos intentado cualquier cantidad de acciones para que los saquen (a los defensores detenidos) de esta jurisdicción, porque ellos lo presentaban como grupo de criminalidad organizada, con un documento de cuatro páginas, de una estructura criminal inventada que se llamó la banda de Guapinol, o la banda de los antimineros”, señala.

Debido a este y otros hechos, el equipo jurídico afirma que “no se garantiza mínimamente el debido proceso”.

A la espera de respuestas

Justo a un año de la detención de siete de los ocho defensores del río Guapinol, el caso se empeora porque la Fiscalía presentó una apelación para volver a vincular al proceso a Juan Antonio López, Carlos Leonel George George, Reinaldo Domínguez Ramos, José Adalid Cedillo Mendoza y Marco Tulio Ramos, algunos de los principales líderes del movimiento.

“Nuestra narrativa pública es que el Estado, a través del Ejecutivo, realizó todas estas concesiones dentro de una zona protegida; el Inhgeomin, que depende directamente del Ejecutivo, generó la ilegalidad y el fraude para darle luz verde al proyecto modificando la zona protegida; y luego el Estado a través de la Fiscalía y el poder judicial, sin argumentos, ni investigación, han creado la criminalización”.

El equipo de ocho abogados ha acudido a Naciones Unidas, donde hay un procedimiento abierto pero bajo reserva, y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se radicó una solicitud de medidas cautelares, “que está recibida, en curso y en solicitud de información al Estado”.

Y a nivel interno, se han presentado tutelas ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ, "por todas estas arbitrariedades", reconsideraciones ante el Ministerio Público para la liberación de los detenidos. También se están preparando acciones para la protección del Parque.