Defensoría del Pueblo de Ecuador acusa al presidente Lenín Moreno por delitos de lesa humanidad
La acusación del defensor Freddy Carrión ante la Físcalía ecuatoriana se relaciona con la represión estatal ocurrida en octubre de 2019 que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dejó un saldo de 11 fallecidos y más de 1.300 heridos.
El presidente ecuatoriano, Lenin Moreno (Solo Uso Editorial - Crédito Obligatorio: Presidencia de Ecuador - Handout - Agencia Anadolu - Se prohíbe su uso con fines publicitarios y se distribuye con un servicio para los suscriptores)
BOGOTÁ, Colombia
La Defensoría del Pueblo de Ecuador denunció el martes ante la Fiscalía al presidente del país, Lenín Moreno, por supuestos delitos de lesa humanidad cometidos durante la violenta represión estatal en medio de las protestas de octubre de 2019, cuando murieron 11 personas.
La acusación incluye una petición de medidas cautelares, como la prohibición de salida del país, e implica a exministros y colaboradores del mandatario.
El defensor del Pueblo Freddy Carrión “presentó una denuncia por el presunto cometimiento del delito de lesa humanidad en contra de Lenín Moreno, presidente de la República; María Paula Romo, exministra de Gobierno; Oswaldo Jarrín, ministro de Defensa; y otras personas, para quienes solicitó la prohibición de salida del país”, informó la Defensoría en un comunicado.
La entidad añadió que “ante el riesgo de que las personas involucradas salgan de Ecuador y no comparezcan en el proceso ni colaboren con la investigación”, también se solicitaron medidas para los exjefes policiales que estuvieron a cargo de los operativos durante las protestas: Nelson Villegas, excomandante general de la Policía; Lenin Bolaños, exjefe del Estado Mayor de la Policía; María Fernanda Tamayo, exinspectora general de la Policía; Hernán Carrillo, exdirector general de Operaciones de la Policía; y, Víctor Aráus, excomandante de la Distrito Metropolitano de Quito.
Carrión solicitó ante la Fiscalía la “activación de los mecanismos de cooperación penal internacional para identificar el paradero exacto” de la exministra Romo.
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La denuncia se presentó luego de conocerse una investigación de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, integrada por la Defensoría, que analizó 519 testimonios de los cuales 249 corresponderían a vulneraciones a los derechos humanos, presuntamente, perpetradas por agentes estatales.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la represión de las protestas lideradas por indígenas en octubre de 2019 tuvo un saldo de 11 fallecidos y más de 1.300 heridos. Las manifestaciones se realizaron en contra de un decreto ejecutivo, el 883, que eliminaba históricos subsidios a los combustibles.
