Los familiares de Victoria Salazar, la salvadoreña que murió en el estado mexicano de Quintana Roo bajo custodia policial, llegaron este 31 de marzo a México para hacer el proceso de repatriación del cuerpo.

Los boletos de avión para la mamá y el hermano de Victoria fueron comprados por el Gobierno de El Salvador como una forma de apoyo a la familia, luego de la trágica muerte de la mujer, que le ha dado la vuelta al mundo debido a su similitud con el fallecimiento del afroamericano George Floyd, caso emblema de la brutalidad policial en Estados Unidos.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudia los hechos que derivaron en la muerte de Victoria Salazar (...) y alienta las acciones emprendidas por México para investigar los hechos y, en su caso, juzgar y sancionar a los responsables, y llama a asegurar la capacitación de las fuerzas de seguridad de los distintos órdenes de gobierno en materia de uso de la fuerza y derechos humanos“, comentó la CIDH en su cuenta de Twitter.

Sin embargo, las investigaciones alrededor de la muerte de la salvadoreña se extendieron después de que se conociera que Victoria había denunciado varias veces a su pareja sentimental por abusos cometidos contra ella y su hija, de acuerdo con información entregada a los medios por Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

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“Como les dije ayer, a pesar de que algunas autoridades salieron a negarlo, habían más agresores y víctimas en esta historia. La Fiscalía de Quintana Roo acaba de arrestar a la pareja sentimental de Victoria, de nacionalidad mexicana, quien abusó sexualmente de una de sus hijas”, aseguró Bukele, quien lamentó que las autoridades de México no atendieran esta información a tiempo.

La hija que menciona Bukele estuvo desaparecida durante un tiempo tras la muerte de su madre. Al conocer esta información la Fiscalía del estado de Quintana Roo activó la Alerta Amber para localizarla. Francela Yaritza, de 16 años, fue hallada horas después en buen estado de salud, y recibe atención médica y psicológica, de acuerdo con el fiscal general estatal, Óscar Montes de Oca Rosales.