La expresidente argentina, Cristina Fernández. (Senado de Argentina)
BOGOTÁ, Colombia
Este lunes inicia el primer juicio oral contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. A horas del comienzo de las audiencias por la causa conocida como Vialidad, que se desarrollará en los tribunales federales de Comodoro Py, la actual senadora aseguró que se trata de un “nuevo acto de persecución”.
“En unas horas comenzará un juicio oral al que jamás debí haber sido citada. Se trata de un nuevo acto de persecución con un único objetivo: colocar a una ex presidenta opositora a este gobierno en el banquillo de los acusados en plena campaña presidencial”, dijo Fernández en uno de diez mensajes en su perfil de Twitter, en los que explica su postura sobre esta citación.
La ahora candidata a vicepresidenta aseguró que “una vez más y como siempre” lo ha hecho, volverá a asistir a la citación, programada para el mediodía (hora local) de este martes.
También recalcó que el llamado de este lunes se trata de un “refrito de denuncias” del gobierno de Mauricio Macri sobre obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, al sur del país, en las cuales el tribunal de Comodoro Py “se declaró incompetente en el año 2011” y la justicia provincial la suspendió por “inexistencia de delito”.
“Sí… pese a todo volveré a ir. No como otros, que desde Comodoro Py acusan y piden detenciones a mansalva y cuando los pescan infraganti no respetan las citaciones judiciales porque dicen que no tienen garantías”, señaló Fernández.
La senadora argumentó que se trata de licitaciones de obras públicas viales realizadas por un órgano provincial que depende del Ministerio de Economía y de la Gobernación de la provincia, y que las “pruebas” por las que fue acusada son las leyes y normativas públicas aprobadas por el Congreso de la Nación.
“Claramente no se trata de hacer justicia. Solo armar una nueva cortina de humo que pretende distraer a los argentinos y las argentinas -cada vez con menos éxito- de la dramática situación que vive nuestro país y nuestro pueblo”, concluyó.
Las audiencias se realizarán a pesar de que la Corte Suprema advirtió que es posible que el proceso sea interrumpido o declarado nulo.
El juicio, que se realiza junto a otros 12 acusados, tiene que ver con la supuesta asociación ilícita y fraude en la adjudicación de 51 proyectos de obras viales en Santa Cruz al grupo ‘Austral Construcciones’, propiedad del empresario Lázaro Báez, amigo de los Kirchner, por valor de ARS 46.000 millones (más de USD 1.000 millones).
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