Sergio García Hernández
07 Marzo 2019•Actualizar: 07 Marzo 2019
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conoció este martes y miércoles detalles del caso de Hugo Humberto Ruiz Fuentes por el que el Estado de Guatemala es acusado por presuntas violaciones a los derechos humanos, informaron las organizaciones Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG).
Ruiz Fuentes, según las organizaciones, era un prisionero capturado en 1997 y condenado a pena de muerte que se fugó y que en 2005 fue ejecutado extrajudicialmente en el marco del presunto ‘Plan Gavilán’, implementado por la Policía Nacional Civil (PNC) y comandado por el Ministerio de Gobernación
“El alto tribunal interamericano conoció las graves violaciones de derechos humanos de las que fue víctima Hugo Humberto, en diferentes momentos, desde que fue detenido de manera ilegal y arbitraria en 1997, hasta que fue ejecutado extrajudicialmente en 2005”, informó el Cejil y el ICCPG mediante un comunicado de prensa.
Las organizaciones detallaron que la captura de Ruiz se desarrolló de manera ilegal y arbitraria, y que fue sometido a tortura para que confesara unos delitos que se le imputaron.
Cejil y ICCPG mencionaron que Humberto Ruiz, luego de su captura, enfrentó un proceso judicial donde se le violaron sus garantías judiciales y que fue condenado a pena de muerte en contravención de lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
“Luego de su fuga en el año 2005, fue ejecutado en el marco del ‘Plan Gavilán’, implementado por la Policía Nacional Civil (PNC) y comandado por el Ministerio de Gobernación. El caso de Hugo Humberto se enmarca en una serie de operativos policiales de ‘limpieza social selectiva’ y representa las más graves violaciones de derechos humanos cometidas a fines de los años noventa e inicios del 2000”, manifestaron las organizaciones.
Para los representantes los operativos fueron planificados y ejecutados por cuerpos criminales y aparatos clandestinos al interior de la PNC, con tolerancia y complicidad sistemática de parte de las autoridades responsables de investigar.
“Guatemala ha tenido numerosas oportunidades, a lo largo del tiempo, para dar una respuesta a los familiares de Hugo Humberto, que han sufrido la misma estigmatización de la que él fue objeto. Él fue tratado como una persona indeseable para la sociedad y, por tanto, desechable”, señaló Gisela De León, directora jurídica de Cejil.
Las organizaciones solicitaron que se tomen las medidas necesarias al interior del Estado de Guatemala para que se impida que hechos similares vuelvan a suceder.
Algunas de las solicitudes son la depuración de la PNC para retirar a policías que hayan cometido delitos y que no cuenten con capacitación adecuada. Pidieron, además, investigaciones y sanciones contra los responsables de los delitos que afectaron a Ruiz Fuentes.
“Este caso toca temas estructurales que afectan profundamente a Guatemala, como la política de seguridad que promueve la paz para algunas personas mientras vulnera los derechos de otras”, agregó Alejandro Rodríguez, abogado representante de la familia y miembro del ICCPG.
