Por: Federico Cornali
La ruidosa renuncia del Ministro de Justicia, Sergio Moro, el viernes 24 de abril, dejó varios interrogantes y una tarea pesada para André de Almeida Mendonça, quien se hizo cargo del departamento por designación directa del presidente Jair Bolsonaro.
Contrario al debate de liberar presos que sostenían el Consejo Nacional de Justicia y la Fiscalía General de la República, Moro rebatió el intento justificándose y ofreciendo nuevas alternativas.
“Están proponiendo soltar a presos que no hayan sido condenados por violencia o amenaza grave. Estamos hablando de todos los traficantes de drogas, básicamente. Gran parte de ellos fueron condenados sólo por tráfico. ¿Los vamos a soltar a todos? Eso no tiene ningún sentido”, dijo Moro en entrevista concedida al diario Folha de Sao Paulo, justo una semana antes de abandonar el cargo.
Sin embargo, los casos positivos por COVID-19 comenzaron a multiplicarse entre los presidiarios y eso exigió medidas por parte de los órganos competentes.
El Departamento Penitenciario Nacional (Depen), vinculado al Ministerio de Justicia, propuso que los presos que presenten los síntomas del coronavirus sean aislados en containers.
Según el Depen, la medida ayudaría a reducir el riesgo de diseminar el virus dentro del sistema penitenciario brasileño.
La medida sería discutida el último jueves 23 de abril, dentro del Consejo Nacional de Política Criminal y Penal, pero la delicada situación en el Ministerio de Justicia, que terminó llevando a la renuncia de Moro, aplazó la decisión.
“Las estructuras provisorias podrían ser similares a las que hay en los hospitales de campaña, con premoldeados, tiendas y hasta en forma de containers habitacionales climatizados, como los que se usan hace varios años en construcción civil”, explicaron en nota oficial desde el Depen.
Básicamente, estos containers son cajas metálicas conformadas por chapas de acero, como aquellas que se utilizan para los transportes de cargas navales.
La aclaración del Depen sobre la climatización de estos contenedores se debe al riesgo de calor excesivo de las estructuras debido a su compuesto.
El propio departamento también reveló que hasta el viernes 24 de abril, cuatro personas habían muerto por COVID-19 dentro del sistema carcelario nacional. Además, hay otros 97 casos confirmados y 132 bajo sospecha.
La cuarentena de nuevos presos parece ser la única medida ya ejecutada, según explicaron desde la Secretaría de Administración Penal. “Los presos que entran en las unidades van directamente a una cuarentena de 14 días”, explicaron en una nota oficial.
“Si hay algún caso sospechoso, el preso es aislado y la Vigilancia Epidemiológica local es contactada”, agregaron sobre el procedimiento.
El uso de containers para presidiarios en Brasil tiene un antecedente reciente. En 2019, la justicia del estado de Río Grande do Sul concedió habeas corpus y suspendió el uso de esas estructuras para alojar a detenidos pertenecientes al Instituto Penal de Novo Hamburgo.
El uso de containers para alojar presos es una “grave violación a los derechos humanos”, dijeron en aquella ocasión los representantes de la Defensoría Pública Estatal tras visitar las estructuras. “Esos containers solo sirven para depósito y transporte de cargas o productos, nunca para alojar a seres humanos”.
Por otra parte, en 2009, el uso de containers como celdas en el estado de Espírito Santo llevó a un pedido del fiscal general para intervención federal.
En este caso, se había instalado una cárcel de contenedores para 144 detenidos en el barrio Novo Horizonte, del municipio de Serra, pero llegaron a juntarse allí hasta 600 presos.
La situación fue blanco de denuncia elevada al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos (OEA). La “cárcel de lata”, como se hizo conocida, fue desactivada en agosto de 2010.
Volviendo al presente, la medida llevada a cabo por el Depen, perteneciente al Ministerio de Justicia, recibe críticas desde casi todos los frentes. “Lo único que demuestra esta idea es que las medidas preventivas no fueron tomadas cuando se debía o que fallaron en la prevención de la enfermedad en las prisiones”, manifestó en nota oficial el Supremo Tribunal Federal.
En caso de que el Consejo Penitenciario apruebe las estructuras provisorias, el Ministerio de Salud deberá encargarse de su construcción. No obstante, los defensores de derechos humanos pretenden ir al Poder Judicial para impedir que este proyecto siga adelante.
Desde el Depen continúan defendiendo la medida. “El uso de containers ayudará en la rutina de separación de nuevos presos, aquellos que estén con los síntomas del coronavirus y quienes precisen de asistencia médica”, explica la última nota oficial del departamento al respecto.
