La Cámara de Diputados de Chile rechazó este jueves la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, por su presunta responsabilidad en las “graves violaciones” cometidas por la fuerza pública durante las protestas.

Con 79 votos a favor y 73 en contra, la Cámara acogió un recurso conocido como cuestión previa, presentado por el abogado del mandatario, Juan Domingo Acosta, que significa que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala.

“Por lo tanto, el libelo (demanda) se entiende como no interpuesto”, informó la Cámara baja del Congreso chileno.

El debate formal en la Cámara de Diputados inició con la presentación de argumentos de la defensa de Piñera. Acosta comenzó su alegato haciendo una exposición del contexto social que vivió el país, sus efectos y algunas de las decisiones tomadas en ese marco. 

“No, no hay un libreto para enfrentar situaciones como las vividas", dijo el jurista. 

Luego de Acosta, siguió la exposición de los cinco participantes de la comisión que analizó la admisibilidad de la acusación constitucional: Gastón Saavedra, Gastón Von Mühlenbrock, Boris Barrera, Sofía Cid y Daniel Verdessi.

Pero, después de seis horas de debate, la Sala acogió los argumentos presentados por la parte acusada.

El fundamento de la defensa de Piñera

Según detalló la Cámara en un comunicado, el abogado Acosta refutó la procedencia de la acusación constitucional con cuatro argumentos. 

El primero es que “no se asignan actos de su administración, sino omisiones por posibles actos de terceros relacionados con violaciones a los DDHH”.

El segundo señaló que “no se respeta el perfil último de la acusación constitucional, especialmente atendiendo que las imputaciones apuntan a generalidades, no a actos personales; y que existe una institucionalidad que funciona, en donde es posible perseguir los delitos que se registren”.

En tercer lugar, Acosta indicó que con dicha acusación “se vulnera el debido proceso, al imputarse conductas no precisas y asignar suposiciones, sin especificar cómo ello se concreta”. Y el cuarto argumento tuvo que ver con el mérito del estado de emergencia decretado por el Ejecutivo.

En el escrito acusatorio, que fue presentado y firmado el pasado 19 de noviembre por varios diputados opositores, se solicitaba la destitución del jefe de Estado argumentando vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos durante la crisis social, además de comprometer “gravemente el honor de la nación” y violar la Constitución.