Comité de la ONU halla que España violó los derechos políticos de figuras catalanas
Madrid fue denunciada por suspender a políticos de sus funciones públicas por rebeldía antes de haberlos condenado por el cargo.

OVIEDO, España
España violó los derechos políticos de figuras separatistas catalanes al vetarlos de las funciones públicas antes de condenarlos por su papel en el referéndum de independencia de 2017, anunció este miércoles 31 de agosto el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El caso fue llevado al comité por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y tres ministros del gobierno autonómico que ocuparon el poder durante la votación ilegal y la posterior declaración de independencia de España por parte del Parlamento.
Tras el movimiento independentista, Madrid tomó el control de la región y disolvió su Parlamento.
Tras la crisis, la fiscalía acusó inicialmente a los cuatro políticos implicados en el caso por el delito de rebelión, que implica la convocatoria a un levantamiento violento contra el orden constitucional.
En julio de 2018, mientras se encontraban en prisión preventiva, fueron suspendidos de sus funciones públicas debido a que la ley española establece que los funcionarios pueden recibir esta sanción cuando son acusados de rebelión.
Sin embargo, en octubre de 2019, los políticos fueron finalmente condenados por sedición, un delito que no incluye el mismo nivel de violencia que la rebelión.
Como resultado de ello, se les permitió volver a ocupar cargos públicos.
"Al tomar en cuenta que los cuatro denunciantes habían instado al público a permanecer estrictamente en paz, el comité consideró que la decisión de imputarlos por el delito de rebelión, que condujo a su suspensión automática antes de la condena, no era previsible y, por lo tanto, no se basó en motivos razonables y objetivos previstos por la ley", indicó el comité de la ONU en un comunicado de prensa.
Helene Tigroudja, miembro del comité, dijo que la decisión de la ONU indica que las restricciones de los derechos políticos "deben aplicarse con más rigor" si ocurren antes de las condenas.
"La decisión de suspender a los funcionarios electos debe basarse en leyes claras y previsibles que establezcan motivos razonables y objetivos para la restricción de los derechos políticos y debe aplicarse sobre la base de una evaluación individualizada. Tal enfoque y salvaguardias son la mejor manera de garantizar el respeto de las instituciones y promover el Estado de derecho en una sociedad democrática", enfatizó.
Los cuatro políticos catalanes fueron condenados a más de 10 años de prisión por su papel en el intento de separar a Cataluña de España. Sin embargo, en 2021, el Gobierno español indultó a los políticos y los liberó de prisión.
*Traducido por Aicha Sandoval Alaguna.
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