La Comisión de Investigación Independiente (ICOE, por sis siglas en inglés), establecida por el gobierno de Myanmar, dijo que existen razones para creer que las fuerzas de seguridad del país cometieron crímenes de guerra contra los musulmanes rohinyás en 2017.

La comisión, creada para investigar presuntas violaciones de derechos humanos en el estado occidental de Rakáin, presentó su informe final al presidente de Myanmar, Win Myint, y a la consejera estatal, Aung San Suu Kyi, el lunes por la noche.

Violaciones de derechos por parte de múltiples actores

El panel concluyó que los crímenes de guerra fueron cometidos por miembros y colaboradores de un grupo insurgente, el Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA), así como por miembros de las fuerzas de seguridad y civiles de Myanmar durante operaciones militares en tres municipios del norte de Rakáin del 25 de agosto al 5 de septiembre de 2017.

"Aunque estos crímenes y violaciones graves fueron cometidos por múltiples actores, existen motivos razonables para creer que los miembros de las fuerzas de seguridad de Myanmar estuvieron involucrados", dijo el panel en un comunicado el lunes por la noche.

"El asesinato de aldeanos inocentes y la destrucción de sus hogares fueron cometidos por algunos miembros de las fuerzas de seguridad de Myanmar a través del uso desproporcionado de la fuerza durante el conflicto armado interno", aseveró el panel.

"Sin pretensión de intento de genocidio"

Sin embargo, el panel dijo que no encontró evidencia que respalde las acusaciones de que se llevó a cabo un genocidio contra los musulmanes rohinyás.

"No hay pruebas suficientes para argumentar, y mucho menos concluir, que los crímenes cometidos se cometieron con la intención de destruir, en su totalidad o en parte, un grupo nacional, étnico, racial o religioso, o con cualquier otro estado mental requerido para el crimen internacional de genocidio”, enfatizó el panel.

El informe de 461 páginas, que aún no se ha hecho público, fue rápidamente criticado por grupos de derechos humanos, incluido Human Rights Watch (HRW).

En un comunicado, HRW especificó que toda la investigación de ICOE ha estado lejos de ser transparente.

"El ICOE parece dispuesto a culpar a los soldados individuales de los abusos, pero no a los comandantes que la ONU y otras investigaciones encontraron que fueron responsables de las numerosas atrocidades sistemáticas contra los rohinyás", señaló el subdirector de Asia de HRW, Phil Robertson.

"No es sorprendente que el ICOE haya hecho pública su conclusión, al no encontrar indicios de "intento de genocidio" en los ataques de los militares de Myanmar contra civiles rohinyás entre agosto-septiembre de 2017 antes del fallo de la CIJ a fines de esta semana", señaló el funcionario.

Myanmar enfrenta desafíos legales por presuntas atrocidades cometidas contra esta minoría con más de 723.000 rohinyá que huyeron a Bangladés desde 2017, por temor a la brutal represión de los militares en el estado de Rakáin.

La Corte Internacional de Justicia decidirá esta semana si aprobará la solicitud de Gambia de que se tomen medidas provisionales contra Myanmar para evitar el intento de genocidio rohinyá.

Acciones adicionales

Myanmar expresó el martes su solidaridad por todas las personas afectadas, incluidas las víctimas rohinyás, por primera vez.

En un comunicado de prensa emitido el martes, el presidente de Myanmar, Win Myint, también aseguró a las víctimas su compromiso con la responsabilidad, la justicia y la profesionalidad de las Fuerzas de Seguridad de Myanmar.

El comunicado señaló que el presidente instruyó a la Oficina del Juez Abogado General y al Fiscal General de la Unión para que realicen más investigaciones y enjuiciamientos por cualquier destrucción de propiedad o saqueo u otros delitos graves cometidos por civiles durante el conflicto armado interno en el estado de Rakáin.

Un miembro de alto rango del Partido Nacional Arakan, el mayor grupo étnico en Rakáin, estuvo de acuerdo con los hallazgos de la comisión sobre la participación de los civiles en algunas atrocidades contra los musulmanes rohinyá.

En una entrevista exclusiva con la Agencia Anadolu, el funcionario, bajo condición de anonimato por temor a represalias, dijo que las fuerzas de seguridad alentaron a los aldeanos de Rakáin a matar, destruir y saquear durante la caótica situación poco después de los ataques de ARSA en 2017.

“La situación estaba fuera de control en ese momento. En muchos casos, los aldeanos de Rakáin se unieron a la policía o los soldados”, señaló.

La situación en el norte de Rakáin en las primeras cinco semanas después de los ataques de ARSA fue la peor.

“(Fue) el momento más caótico que he visto en mi vida. Todos estaban cometiendo un tipo de crimen en ese momento", recordó el funcionario.

Enjuiciamiento militar

El panel dijo que estos crímenes incluyeron el asesinato de civiles, el uso desproporcionado de la fuerza, el saqueo de propiedades y la destrucción de hogares abandonados de musulmanes en los municipios de Maungdaw, Buthidaung y Rathedaung en el norte de Rakáin.

Así mismo, el panel encontró un número particularmente alto de muertes en las aldeas de Min Gyi (Tula Toli), Chut Pyin y Maung Nu, donde grupos de derechos e investigadores afirmaron que ocurrieron masacres de musulmanes rohinyás.

El presidente de Myanmar dijo que también ordenó a su jefe militar que le pidiera a la Oficina del Juez Abogado General que extendiera sus investigaciones y procesamientos en curso por los presuntos crímenes de las fuerzas de seguridad, en particular, los asesinatos en estas aldeas y la imposibilidad de evitar la quema de viviendas en aldeas musulmanas abandonadas.

Los militares, que previamente negaron la mayoría de las acusaciones, comenzaron los procedimientos de la corte marcial contra soldados a fines de 2019.

Sin embargo, los grupos de derechos plantearon preguntas sobre la credibilidad y la transparencia de la corte marcial en Myanmar.

Phil Robertson le dijo a la Agencia Anadolu que la comunidad internacional estaba plenamente justificada por tener poca fe en el sistema de justicia militar de Myanmar, dado el historial militar de encubrir sus crímenes.

"Casi todo lo que involucra a los marciales de la corte militar de Myanmar está tan lejos de ser transparente como imaginas", aseguró Robertson.

El funcionario de HRW afirmó que los militares deberían indicar claramente los crímenes, abrir todas las cortes marciales al público y garantizar juicios libres y justos para los casos remitidos por el presidente de Myanmar según las recomendaciones del ICOE.

"Pero esto no resolverá el problema fundamental y es que el ICOE no logra responsabilizar a los altos líderes del Tatmadaw (militar de Myanmar) involucrados en la planificación y promulgación de las operaciones de limpieza masiva".

*Traducido por Juan Felipe Vélez Rojas.