Comisión de la Verdad entrega su informe sobre la violación de derechos durante las dictaduras en Bolivia

La Comisión de la Verdad, conformada en 2017 para investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por los gobiernos dictatoriales en Bolivia entre noviembre de 1964 y octubre de 1982, entregó este lunes su informe final al presidente Luis Arce.

Entre los hallazgos más importantes de la Comisión está la ubicación de los restos mortales del líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, asesinado durante la dictadura del general Luis García Meza, en julio de 1980.

La Comisión tiene dos hipótesis: la primera, que Quiroga Santa Cruz fue enterrado en el Cementerio General de La Paz bajo otro nombre, y la segunda, que fue sepultado en instalaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en la zona de Miraflores de la sede de gobierno.

Nila Heredia, presidenta de la Comisión, fue la encargada de entregar el informe a Arce, quien afirmó que las importantes conclusiones y recomendaciones serán tomadas en cuenta.

“Este documento es resultado de la profunda investigación realizada sobre esos hechos que vivimos en Bolivia, y son igual de importantes las enseñanzas que nos dejan: este tipo de hechos, violaciones, uso de armas contra la población, no pueden volver a suceder en el país. Como decía el propio Marcelo Quiroga Santa Cruz cuando iniciaba el juicio de responsabilidades a Hugo Banzer (en 1979), lo que nos mueve es fundamentalmente una inquebrantable necesidad de que se haga justicia”, sostuvo Arce.

Quiroga Santa Cruz fue una de las figuras emblemáticas de la lucha contra los gobiernos de facto en Bolivia en momentos en que varios países de la región eran sometidos por los militares en acciones conjuntas y coordinadas para acallar y desaparecer a miles de ciudadanos.

Durante ese tiempo en Bolivia gobernaron diez militares diferentes: los generales René Barrientos, Alfredo Ovando, Juan José Torres, Hugo Banzer (quien estuvo en el poder en dos ocasiones), Juan Pereda, David Padilla, Alberto Natusch (el único coronel), Luis García Meza, Celso Torrelio y Guido Vildoso.

El documento –un compendio de 11 volúmenes– establece que cerca de 6.800 personas fueron perseguidas, detenidas y torturadas en 19 años de gobierno de facto, y que al menos 140 represores ordenaron y ejecutaron una serie de delitos de lesa humanidad.

La Comisión fue conformada por la exministra de Salud Nila Heredia, el abogado Eusebio Gironda, la activista por los derechos humanos Isabel Viscarra, el exdirigente campesino Teodoro Barrientos y el exdirigente sindical Édgar ‘Huracán’ Ramírez, fallecido recientemente.

En marzo de 2020 los cuatro representantes ya habían presentado este informe a la Defensoría del Pueblo de Bolivia, momento en que se habían conocido algunos de los detalles más relevantes.

Entre las facultades atribuidas a la Comisión de a Verdad estaba el acceso a los archivos de las Fuerzas Armadas. Aunque no de manera abierta, se supo que esta determinación causó cierta molestia entre los mandos militares y entre algunos miembros del servicio pasivo, pero finalmente se les permitió el acceso, aunque familiares de las víctimas presumían que los archivos ya habían sido desaparecidos incluso con anterioridad.

La Comisión de la Verdad fue creada mediante la Ley 879 de la Asamblea Legislativa en 2016 con la misión de “esclarecer las graves violaciones de derechos humanos: persecución político sindical, prisión, detenciones arbitrales, lesiones e incapacidades calificadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violencia sexual, exilio, destierro, residenciamiento político, muerte por violencia política y todo hecho de violencia política acontecidos en Bolivia del 4 de noviembre de 1964 al 10 de octubre 1982”.