Comisión de DDHH de México apoyará familiares de jóvenes muertos durante Operación Fénix

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México anunció este viernes que apoyará las familias de los cuatro mexicanos que murieron en marzo de 2008, durante la polémica Operación Fénix, o conocida también como Bombardeo de Angostura, así como de una estudiante sobreviviente de este hecho.

La Operación Fénix fue un operativo militar colombiano en territorio ecuatoriano, en zona selvática de la provincia de Sucumbíos, en la que murió el número dos de la desmovilizada guerrilla de las Farc, Raúl Reyes.

Según informó la CNDH en una nota de prensa, integrantes de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, solicitaron a la presidenta del organismo, María del Rosario Piedra, “apoyo para que haya justicia y acceso a la verdad, así como reparación integral del daño y garantías de no repetición”.

“En el encuentro, realizado en las oficinas de la CNDH en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la Ombudsperson nacional escuchó las inquietudes y peticiones de los padres y familiares de los jóvenes asesinados –Juan González del Castillo, Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles y Fernando Franco Delgado—, así como de la sobreviviente Lucía Andrea Morett Álvarez, quienes mencionaron que dicha queja fue presentada ante la Comisión Nacional en diciembre de 2008 y sobre la cual nunca obtuvieron respuesta”, dice el comunicado.

Además, las víctimas señalaron que han transcurrido casi 12 años desde el bombardeo de Angostura, tiempo en el cual han realizado diversas acciones jurídicas, sociales, y políticas, y han sostenido reuniones con instancias de gobierno, organismos independientes de derechos humanos dentro y fuera de México, “sin obtener respuestas por las autoridades mexicanas respecto de esos hechos”.

Entre las entidades y organismos a los que acudieron, sin ningún resultado, están la entonces Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), las Embajadas de Colombia y de Ecuador en México y la CNDH.

En dicha reunión, añade la nota, Piedra Ibarra refrendó el compromiso de la CNDH para atender el caso y garantizarles sus derechos.

Los familiares manifestaron igualmente, que parte de sus peticiones es el reconocimiento público de México de calidad de las víctimas a los jóvenes asesinados; exigir a Colombia y Ecuador el mismo reconocimiento, además de una disculpa pública del Gobierno mexicano ante las “omisiones y retrasos en las investigaciones”.

Esta operación militar generó el mayor conflicto diplomático de entonces entre Colombia y Ecuador, con la ruptura de relaciones, y con Venezuela. El caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, por dicho operativo, considerado por Quito como una violación a su soberanía, fueron llamados por la justicia ecuatoriana varios comandantes de las Fuerzas Militares colombianas, como el ex vicepresidente (r) Óscar Naranjo, entonces director de la Policía Nacional.

El actual comandante del Ejército colombiano, general Eduardo Zapateiro Altamiranda, fue quien dirigió esta acción militar, por lo que su nombramiento reciente causó revuelo.