Continúa la discordia entre Colombia y la Organización de Naciones Unidas (ONU) por la situación de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y la implementación del acuerdo de paz firmado con las extintas Farc en 2016.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia presentó varias objeciones al informe que presentó este miércoles, ante el Consejo de DDHH en Ginebra, el relator especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst, de su visita al país suramericano en noviembre de 2018.

Aunque el gobierno de Iván Duque señaló que Forst “reconoce la voluntad política y las iniciativas del Gobierno para crear un entorno seguro y adecuado” para la defensa de los derechos humanos, la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, informó que “transmitió algunas objeciones frente a consideraciones del informe que no reflejan objetividad e integridad”.

El primer punto al que hace alusión la canciller es la “supuesta criminalización estatal” de los defensores de Derechos Humanos en el país. Al respecto, el Gobierno dijo que esta es una “acusación inadmisible que desconoce” las garantías y ordenamientos constitucionales y legales en procesos administrativos y judiciales.

En otro aparte, asegura que versiones sobre empresas estatales y privadas que “presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores, y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales” son “afirmaciones graves que se lanzan sin sustento” en investigaciones verificadas.

Blum también indica que las “conclusiones sobre la supuesta falta de determinación política” y de asignación de fondos para implementar el Acuerdo de 2016 “desconocen de plano” los logros reconocidos por otros órganos de la ONU en la política de Paz con Legalidad y en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

Por otro lado, las autoridades colombianas rechazaron lo dicho por Forst acerca de “supuestas restricciones estatales a la libertad de expresión, la reunión pacífica y a las consultas previas”, asuntos que se mencionan en el informe, “ignorando garantías constitucionales colombianas destacadas internacionalmente”.

“Y las consideraciones sobre nuestro modelo de desarrollo que reflejan opiniones políticas subjetivas ajenas al mandato del relator”, agrega.

La ministra de Relaciones Exteriores afirmó que aunque Colombia reconoce el papel de la ONU en la promoción de los derechos humanos, hace una crítica a lo dicho por Forst y le pide que los relatores “cumplan su función en línea con el Código de Conducta adoptado por el Consejo de Derechos Humanos”, que determina, en resumen, que establezca “hechos sobre la base de información objetiva y fidedigna, de fuentes contrastadas debidamente; y tener en cuenta de forma íntegra y oportuna la información proporcionada por el Estado”.

Colombia, el país con más crímenes de líderes sociales en Latinoamérica

Entre otros puntos de su informe, el relator aseguró que entre 2016 y 2019 Colombia fue el país de la región con el mayor número de crímenes de defensores de derechos humanos.

Forst también denunció que persisten los altos niveles de impunidad por los asesinatos y amenazas a líderes, y que hay una constante estigmatización de su trabajo.

"A pesar de todos estos esfuerzos, la gran mayoría de los defensores en Colombia están en peligro; los riesgos a los que se enfrentan han aumentado en los tres años transcurridos desde la aprobación del Acuerdo de Paz", detalla el documento.

En su vista en 2018, el relator especial se reunió con más de 800 defensores de derechos humanos para hacer un diagnóstico de su situación en el país. Tras ello, señaló que "Colombia no provee un ambiente seguro que permita la defensa de derechos humanos".

Mediante un mensaje en Twitter, después de presentar el informe ante el Consejo de DDHH, el relator expresó que una visita técnica al país antes del fin de su mandato “sería una muy buena señal”.