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Colombia: Defensoría del Pueblo pide sinergia para enfrentar la violencia en el Cauca

Rossi Jair Muñoz, defensor regional del Cauca, resaltó estrategias que puedan crear colaboración entre la fuerza pública, la presencia estatal y las estrategias de autoprotección de las comunidades étnicas.

Susana Patricia Noguera Montoya   | 23.08.2019
Colombia: Defensoría del Pueblo pide sinergia para enfrentar la violencia en el Cauca Sepelio indígenas nasa asesinados en el norte del Cauca. (Defensa de la vida y derechos humanos CRIC)

Cundinamarca

Por: Susana Noguera Montoya

En ocho ocasiones, durante los dos últimos años, la Defensoría del Pueblo en Colombia ha alertado sobre la grave situación humanitaria que vive el norte del departamento del Cauca.

Esa región al suroccidente del país ha quedado atrapada en medio de enfrentamientos entre grupos armados. Las comunidades que se atreven a proteger sus tierras y cerrarles el paso a los violentos sufren ataques directos, asesinatos selectivos de sus líderes y desapariciones forzadas.

El ataque que sufrió la guardia indígena nasa el 10 de agosto, y que dejó dos muertos y varios heridos, encendió las alarmas y llevó el tema a la agenda nacional. El presidente Iván Duque afirmó que enviará un batallón más del Ejército para asegurar la zona. Mientras tanto, los líderes indígenas piden que los ayuden a fortalecer sus métodos de autoprotección sin armas.

A pesar de los cambios anunciados por el Gobierno, en las últimas semanas se han presentados más ataques con explosivos, enfrentamientos armados y asesinatos. Según investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación, en el norte del Cauca actúan grupos disidentes de la extinta guerrilla de las Farc, con unos 200 hombres; el Frente José María Becerra del ELN y un grupo que se autodenomina como una facción del Ejército Popular de Liberación (EPL). Estos grupos luchan entre ellos y contra el Ejército colombiano por el control territorial.

Tanto la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, como el presidente Duque han pedido que las autoridades indígenas colaboren con la fuerza pública en la lucha contra los grupos armados, pero estas afirman que la colaboración los podría poner en un mayor riesgo.

La gran pregunta que surge ahora es cómo proteger a las comunidades del norte del Cauca y dar con los responsables de los atentados sin aumentar el riesgo de las comunidades afro, indígenas y campesinas que viven en la zona. La respuesta es compleja.

“Es muy difícil solo con la chonta poder enfrentar a personas que tienen armamento pesado”, dice Rossi Jair Muñoz, defensor del Pueblo en la región del Cauca. Las “chontas” son bastones de mando que lleva la guardia nasa, uno de los pueblos indígenas que habita la zona. Los bastones de madera chonta, que proviene de la palmera que produce el fruto del 'chontaduro', son un símbolo de autoridad, pero muchas veces no los pueden proteger ante los grupos que llevan armas de largo alcance y explosivos.

“El ejercicio que hacen las autoridades indígenas con la chonta es vital, pero se requiere también que, a través de la institucionalidad, con el manejo de la Constitución, se pueda mantener un orden en estos territorios”, dice Muñoz.

La forma en que las instituciones del Estado pueden actuar en el Cauca es diferente a otras zonas del país ya que hay territorios de jurisdicción indígena. En el departamento hay más de 115 cabildos indígenas que, por ley, tienen su propia jurisdicción, gobierno y sistema de seguridad. Los consejos comunitarios de las comunidades afro también cuentan con la guardia cimarrona. Estas guardias tienen estrategias de autoprotección sin armas y un sistema judicial propio.

Sus estrategias muchas veces difieren de las que propone el Gobierno, que incluyen más soldados, policías y armas. El secreto, dice Muñoz, puede estar en crear una sinergia entre ambas visiones. La Defensoría del Pueblo, liderada por Carlos Alfonso Negret, propuso una estrategia llamada Carpa Blanca, un espacio donde se encuentren todas las autoridades de la zona. La estrategia puede ayudar a “articular autoridades indígenas, la guardia indígena, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, las Naciones Unidas y el Ejército para que se le pueda hacer frente a toda esta situación”, explica Muñoz.

El funcionario afirma que la militarización debe ir acompañada de una importante inversión social. La compleja estrategia implicaría construir puestos de salud, carreteras y escuelas, así como implementar los cultivos lícitos en la región y promover su venta para sacar las economías ilegales y la violencia de la zona.

El plan busca solucionar los problemas en el norte del Cauca desde diferentes frentes. En el departamento confluyen los cultivos declarados ilícitos, la minería ilegal y la lucha por el control de las rutas de tráfico ilegal que salen por el Pacífico, entre otros conflictos. Dadas las dimensiones criminales, económicas y sociales del problema, la Defensoría hace énfasis en la necesidad de enfocarse en todos los aspectos.

La propuesta no es nueva. La reforma rural integral y la solución al problema de las drogas que quedaron consignadas en el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, también resaltaron la importancia de atacar la desigualdad y la pobreza rural como método para hacerle frente a la violencia.

Sin embargo, conciliar las visiones de seguridad del Gobierno colombiano y las de las comunidades para lograr mejorar la zona no ha sido fácil. Décadas de incumplimientos y hasta casos de violencia directa del Estado colombiano hacia comunidades hacen que los líderes lo piensen dos veces antes de confiar en las instituciones. Los líderes afirman que empezar a poner en marcha el Acuerdo de Paz podría ser un buen comienzo

“Desde nuestra entidad hacemos un llamado a que haya una presencia más activa de la institucionalidad en estos territorios del departamento del Cauca”, concluye Muñoz.

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