Por: Alejandro Melgoza Rocha

Luego de padecer prisión injusta durante siete años, de diciembre de 2005 a enero de 2013, en una cárcel mexicana por delitos que le inventaron las autoridades, la ciudadana francesa Florence Cassez reabrirá un proceso judicial en contra del gobierno mexicano con el fin de que la reparen por los daños que le ocasionaron.

La historia de Cassez comenzó en 2003, cuando ingresó por primera vez a México como turista para luego, en 2005, comenzar a trabajar en un grupo hotelero e irse a vivir con su novio, Israel Vallarta, relacionado con una supuesta banda de secuestradores detectada por la Procuraduría.

Por esa supuesta razón, que nunca fue comprobada por el Ministerio Público federal, las fuerzas especiales llevaron a cabo un operativo que se convirtió en un espectáculo, ya que las dos principales cadenas de televisión del país lo transmitieron en vivo, acción que implica una violación al debido proceso.

Al poco tiempo, en 2006, el gobierno mexicano reconoció que las aprehensiones habían sido un día anterior y que el operativo había sido recreado por las televisoras. Aún así, dos años después, Cassez fue sentenciada a 96 años de prisión.

Pero el tema no se quedó ahí. Organizaciones tanto mexicanas como francesas exigían la liberación inmediata de Cassez, por lo que, gracias a amparos, se logró la reducción de la pena a 60 años, pese a las violaciones al debido proceso y a la presunción de inocencia.

En 2010 se declaró culpable a Cassez, lo que derivó en que el gobierno de Francia solicitara la extradición para que ella cumpliera su condena en su país de origen.

Esto desató protestas en 2011 por parte de asociaciones en contra del Poder Judicial para que no cedieran frente al gobierno francés. A los pocos meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya tenía el caso en sus manos, ratificó la sentencia contra la francesa, lo que detonó una guerra diplomática entre los expresidentes Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy.

Casi al final de la administración de Calderón un juzgado federal liberó a varios presuntos miembros de aquella supuesta banda de secuestradores. Finalmente, en 2012, la Suprema Corte ordenó la inmediata liberación de Cassez, y en 2013 salió del país.

Levantar una candidatura

La detención de Cassez ocurrió cuando finalizaba la administración de Vicente Fox (2000-2006), por lo que los partidos políticos ya empezaban a elegir sus candidatos a la presidencia.

Por parte de la izquierda, el candidato fue Andrés Manuel López Obrador, a través del Partido de la Revolución Democrática (PRD), mientras que del lado conservador, el Partido Acción Nacional (PAN) eligió a Felipe Calderón.

En ese momento Calderón estaba por debajo de López Obrador en las encuestas, por lo que algunos analistas han señalado que el caso de Florence Cassez fue aprovechado por Calderón en su campaña, basada en la lucha contra el crimen organizado.

Para el periodista José Reveles, autor del libro ‘El Affair Cassez: La indignante invención de culpables en México’, dicha detención fue una invención para que Calderón lo convirtiera en un emblema de la lucha contra el crimen organizado, pues en aquel momento el izquierdista Andrés Manuel López Obrador lo aventajaba en 10 puntos.

“(La detención) ocurrió cinco días después de que Calderón juró como candidato en el PAN internamente. Después de eso, de pronto había empate técnico, y para eso sirvió todo ese montaje; entonces fueron utilizadas personas inocentes para montar esto”, asegura Reveles en entrevista con la Agencia Anadolu.

Según el periodista, su candidatura se mediatizaría con dicha campaña, que estaría apoyada por una asociación en contra de los secuestros y por las dos principales televisoras, que son dueñas de la mayor parte de las concesiones televisivas.

“Televisa y TV Azteca fueron instrumentos para politizar el asunto, para presumir una exigencia que estaba lejos de ser correcta por parte del gobierno en la lucha contra el crimen organizado”, explica.

Demanda a México

Después de que Cassez fuera liberada, en 2015 demandó al gobierno mexicano y pidió una reparación por los daños por 30 millones de dólares. No obstante, esta denuncia no procedió.

Luego de que en diciembre de 2019 fuera detenido en Estados Unidos Genaro García Luna, exsecretario de seguridad, quien ocupó el cargo durante la administración de Calderón, la francesa decidió revivir esta demanda.

Dentro de los demandados está García Luna, quien coordinó el operativo contra la extranjera, al igual que el expresidente Felipe Calderón (2006-2012), cuyo papel diplomático fue no ceder ante la solicitud de extradición de Francia.

Así mismo, está demanda la activista Isabel Miranda de Wallace, quien llevó a cabo protestas en contra de la Suprema Corte a través de la asociación Alto al Secuestro; y el afamado periodista Carlos Loret de Mola, responsable de la transmisión.

“La captura de García Luna fue un detonante para que la autoridad volviera los ojos otra vez hacia víctimas (que están detenidas de forma injusta)”, dice Reveles.

Para el periodista, “ya no hay posibilidad de dar marcha atrás. No pueden seguir teniendo a gente en prisión a sabiendas de que son inocentes”.

Otra cosa que, según Reveles, favorece que actualmente las autoridades vuelvan a prestar atención sobre casos de este tipo es que justamente los ministros que en su momento votaron a favor de la liberación de Cassez son la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

De hecho, Zaldívar denunció el año pasado en los medios de comunicación que fue presionado por el exmandatario Calderón para votar en contra de la resolución de Cassez.

Pese a todas estas revelaciones, la expareja de Cassez, Israel Vallarta, quien ya lleva 14 años cumpliendo prisión preventiva, continúa tras las rejas, a pesar de que las pruebas en su contra también son irregulares, al igual que en el caso contra la francesa.

“Es el momento justo para revisar las cosas y dejar en libertad a esta persona”, dice Reveles sobre Vallarta, quien tendrá una audiencia el próximo 24 de enero.