En los últimos ocho días se ha llevado a cabo una serie de manifestaciones en todo Egipto tras los llamados de activistas y miembros de la oposición para exigir la dimisión del presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi. 

Entre los que convocan las protestas se encuentra el empresario egipcio autoexiliado Mohamed Ali, residente en España.

La Fundación Árabe para el Apoyo de la Sociedad Civil (AFSS), una organización humanitaria que ha monitoreado las protestas, declaró en un informe que registró 164 protestas en 14 de las 27 provincias del país entre el 20 y 27 de septiembre, en las que cientos, incluidos menores, fueron detenidos.

"Las fuerzas de seguridad han arrestado a cientos de manifestantes, incluidos 68 niños que luego fueron liberados, mientras que al menos 150 manifestantes fueron investigados por la Fiscalía de Seguridad del Estado por cargos de terrorismo el 21 de septiembre", dice el informe. 

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El reporte agregó que los manifestantes fueron acusados de delitos como "unirse a un grupo terrorista, transmitir y difundir rumores, noticias y declaraciones falsas, uso indebido de los medios de comunicación y financiación e incitación a la protesta".

El Gobierno egipcio aún no se ha pronunciado sobre los arrestos.

Por otro lado, los medios de comunicación locales informaron sobre el arresto de varios manifestantes acusados de "posesión de artefactos incendiarios" con la intención de "provocar disturbios o bloquear carreteras".

En su informe, la AFSS atribuyó las razones del estallido de protestas en Egipto a “la ausencia de participación en la toma de decisiones, la continua nacionalización de los partidos, los sindicatos y la sociedad civil, la limitada libertad política, el dominio de las agencias estatales sobre el Parlamento, el encarcelamiento continuo de miles de presos de conciencia y el deterioro del nivel de vida".

La AFSS pidió a las autoridades egipcias que "respeten el derecho a la protesta pacífica, liberen a todos los detenidos en las manifestaciones y detengan el uso de fuerza excesiva contra la oposición y los manifestantes".

Las autoridades egipcias afirman que el derecho a manifestarse está garantizado para todos, pero que los manifestantes primero deben obtener la aprobación de las autoridades de seguridad.

Sin embargo, los manifestantes argumentan que el requisito es “ilógico”, ya que las autoridades de seguridad pueden rechazar la solicitud o arrestarlos.

Desde el 20 de septiembre, las gobernaciones, ciudades y pueblos de Egipto han sido testigos de manifestaciones que piden la salida de Al-Sisi, la mejora de las condiciones de vida y la libertad política.

Hay informes contradictorios sobre el tamaño y la extensión de las manifestaciones, con medios de comunicación progubernamentales que las describen como "muy limitadas” y medios de la oposición que las llaman masivas y "que rompen la barrera del miedo".

Las fuerzas de seguridad egipcias hicieron arrestos al azar en las calles y buscaban fotos de las protestas en los teléfonos de los peatones.

Al-Sisi llegó al poder en julio de 2013 después de derrocar al primer presidente elegido democráticamente en Egipto, Mohammed Morsi, en un golpe militar.

* Ibrahim Mukhtar y Aicha Sandoval Alaguna contribuyeron con la redacción de esta nota.