Sergio García Hernández
05 Octubre 2018•Actualizar: 05 Octubre 2018
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado de Brasil por la muerte de 64 personas que murieron, entre las que se encontraban 22 menores de edad, en una explosión en una fábrica de fuegos artificiales sucedida el 11 de diciembre de 1998 en el municipio Santo Antonio de Jesús en el Estado de Bahía.
La CIDH presentó el informe con su denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Para la CIDH, el Estado brasileño es el responsable de la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal de las víctimas debido a su falta de inspección de la fábrica pese a que conocía que en el sitio se realizaban actividades industriales peligrosas. “El Estado debería haber sido consciente de que allí ocurrían actividades que incluían el trabajo infantil y graves infracciones legales”, indicó.
La CIDH añadió que el Estado brasileño tampoco garantizó un proceso judicial que estableciera la verdad de los hechos y determinar quiénes eran los responsables de la explosión con el fin de sancionarlos.
“El estado debe proporcionar compensación económica y reparación por daños morales y también debe implementar medidas para brindar servicios de atención física y mental a los sobrevivientes”, describe el informe de la Comisión.
Otra de las medidas recomendadas por la CIDH es que se les proporcione el apoyo de salud mental necesario a los familiares directos de las víctimas de la explosión. “Estas medidas deben ser implementadas en consulta con las familias y sus representantes”, detalló.
Para la Comisión el caso es importante porque le permitirá a la Corte IDH pronunciarse sobre las obligaciones internacionales de los Estados con respecto a los empleos que representan un alto riesgo para las vidas de sus ciudadanos.
