Wilfredo Miranda Aburto
05 Diciembre 2018•Actualizar: 06 Diciembre 2018
La crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua —que ha derivado en más de 325 asesinatos, miles de heridos y más de 600 presos políticos— será abordada este jueves durante el 170 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Diversas organizaciones de la sociedad civil expondrán la situación con respecto al cierre de los espacios de manifestación y a la actual persecución contra líderes feministas y periodistas.
Hay mucha expectativa sobre si el Estado de Nicaragua, representado por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, asistirá a la audiencia de la CIDH, ya que desde el 2015 la administración sandinista no asiste a estas reuniones.
Sin embargo, desde que estalló la brutal crisis de derechos humanos en Nicaragua (la Organización de Naciones Unidas la ha catalogado como una masacre), el gobierno de Ortega ha comenzado a asistir a los foros internacionales para dar a conocer su versión, según la cual este es víctima de “un golpe de Estado” perpetrado por “terroristas”.
El Gobierno también alega que no son 325 las personas que han muerto durante la crisis, como lo documenta la CIDH, sino 198, en su mayoría trabajadores públicos.
La audiencia también cobra importancia porque desde el mes de mayo la CIDH instaló en Nicaragua la Comisión Interdisciplinaria de Expertos Internacionales (GIEI) para esclarecer los hechos de los primeros crímenes de la masacre, ocurridos entre el 18 de abril y el 30 de mayo, y está previsto que el GIEI entregue su informe final al término del mes de diciembre, cuando se vence su mandato.
En paralelo al GIEI, la CIDH puso en funcionamiento el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), una instancia que lleva una detallada bitácora de las violaciones a los derechos humanos ocurridas después de la masacre del 30 de mayo.
“En la audiencia vamos a enfatizar los últimos acontecimientos que demuestran la dictadura en Nicaragua: persecución a movimientos y organizaciones sociales, a periodistas, a feministas, campesinos; la grave situación de los presos políticos”, le dijo a la Agencia Anadolu Marcia Aguiluz, directora para América Central y el Caribe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
El Cejil es una de las organizaciones no gubernamentales que comparecerá en la audiencia. Desde hace décadas esta organización brinda acompañamiento sobre la situación nicaragüense.
“Vamos a plantear algunas solicitudes de cómo la CIDH debe seguir interviniendo en Nicaragua. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que no cesen en sus esfuerzos en aislar a este régimen y que haya una salida democrática a la crisis”, aseguró la abogada Aguiluz.
El Cejil desea que el gobierno Ortega-Murillo retome su silla en la audiencia de este jueves para discutir la grave situación que atraviesa Nicaragua. “Esperaría que el Estado sea cauto en sus actuaciones y que entiendan que la voluntad de las organizaciones de derechos humanos es de diálogo, que tenemos una preocupación genuina por la situación de Nicaragua. Lo que exigimos es que haya responsabilidad y corrección en las actuaciones que se han hecho”, explicó Aguiluz.
La organización no “espera respuesta” clara por parte del gobierno sandinista; más bien temen por las represalias que puedan sufrir las organizaciones nicaragüenses comparecientes a la audiencia, como es el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), representado por su presidenta, Vilma Núñez.
Según Núñez, organizaciones como el Cenidh son perseguidas y estigmatizadas por el gobierno. De hecho el pasado 26 de octubre las autoridades de Migración y Extranjería de Nicaragua impidieron el ingreso al país a un equipo del Cejil, encabezado por la abogada Aguiluz.
El zarpazo más duro se lo llevó la feminista Ana Quirós, nacionalizada nicaragüense. La administración sandinista le quitó de forma ilegal la nacionalidad y la expulsó hacia su natal Costa Rica. También le retiraron a la organización de Quirós la personería jurídica y le confiscaron los bienes.
Actualmente, los periodistas están bajo la mira. Esta semana el director de 100% Noticias, Miguel Mora, fue acusado por los delitos de asesinatos e incitador de odio. El periodista ha sido detenido en seis ocasiones por oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales y amenazado de muerte con fusiles Ak47, según cuenta él mismo.
Las organizaciones civiles que asisten a la audiencia esperan que el gobierno de Ortega sea incluido en el “Capítulo IV” del informe anual de la CIDH, que es una especie de “lista negra” de los Estados que más incumplen con los estándares internacionales y nacionales de respeto a los derechos humanos.
