CIDH celebra inconstitucionalidad de Ley de Seguridad Interior en México
La Suprema Corte de Justicia declaró inexequible dicha ley “por contener disposiciones contrarias al respeto y garantía de los derechos humanos”.
Bandera de México. (Daniel Cárdenas - Agencia Anadolu).
BOGOTÁ, Colombia
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró el fallo de la Suprema Corte de Justicia de México, que declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Interior (LSI).
La decisión, adoptada el pasado 15 de noviembre con el visto bueno de once magistrados, consideró que dicha ley es contraria a la Constitución mexicana y a los Tratados Internacionales, “al contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública”, detalló la CIDH en un comunicado.
Además, hubo pronunciamientos en el sentido de que el Congreso de la Unión “no es competente” para legislar en la materia de seguridad interior.
La Comisión recordó que antes de la aprobación de dicha norma por parte de la Presidencia mexicana en noviembre del año pasado, “se generó un amplio cuestionamiento entre distintos actores”, incluida la academia, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismos internacionales, entre otros.
También manifestaron su preocupación relatores especiales y Comités de Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la misma CIDH.
“En reiteradas ocasiones, la Comisión ha resaltado que es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas, ya que se trata de dos instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”, subrayó el organismo americano en la nota de prensa.
El contenido de la LSI dotaba a las Fuerzas Armadas de un marco jurídico para intervenir en acciones de seguridad pública, lo que, según expertos, abría el camino a una “catarata” de violaciones a los derechos humanos como la cometida hace una década, cuando el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico.
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