Diego Camilo Carranza Jiménez
27 Febrero 2018•Actualizar: 28 Febrero 2018
Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la sociedad civil, manifestaron su preocupación por la cancelación de los programas DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) y de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) por parte del Gobierno de los Estados Unidos.
Durante el periodo 167 de la CIDH que se realiza en Bogotá, la comisionada Flávia Piovesan afirmó que esta decisión traería violaciones serias de los derechos de unas 800 mil personas, puesto que la migración es producto de otras violaciones de derechos humanos: “el sufrimiento de estas personas lo que demanda nuestra atención”
“Sus derechos humanos se verían amenazados con la cancelación de estos programas”, recalcó Piovesan, quien llamó a proteger los estándares de derechos humanos interamericanos consagrados en la Convención Americana, que también “fue firmada por Estados Unidos”.
Por su parte, la comisionada Esmeralda Arosemena reiteró la preocupación desde la CIDH respecto a “la protección de derechos de diferente índole por la posición en que se ubican las personas que pueden verse afectadas por las respuestas que el sistema legal migratorio de Estados Unidos”.
Arosemena pidió una “consideración especial” respecto de lo que representa la problemática de vida de los migrantes en todo el mundo, personas que tienen que salir de sus países.
Representantes de la sociedad civil que participaron en la sesión, le reclamaron a las autoridades estadounidenses replantear sus decisiones en materia migratoria.
“Las decisiones recientes en cuanto al DACA exponen a muchos individuos a la deportación, arrestos y otras violaciones de los derechos humanos. No se debe aceptar cerrar el programa de DACA”, fue el testimonio de una ‘dreamer’, como se les conoce a los beneficiarios de DACA.
Entre tanto, pidieron más colaboración del Congreso para una solución definitiva acerca del estatus de miles de migrantes en Estados Unidos.
“Tenemos que seguir abogando por nuestros derechos. Hay que tener una solución permanente porque no se puede seguir viviendo en este estado de incertidumbre y miedo” añadió la dreamer, quien recalcó que el presidente Donald Trump ha creado una cultura de miedo en el país.
James Bisrchoff, delegado del gobierno de EEUU, y Andrew Stevenson, representante de la misión estadounidense para la Organización de los Estados Americanos (OEA), recalcaron que “EEUU ha hecho más que cualquier país para los migrantes”, pero resaltaron que las decisiones sobre políticas migratorias “están hechas por los estadounidenses, por lo que tenemos libertad para decidir acerca de quién entra a nuestro país”.
“Al reforzar las leyes de inmigración, nuestros agentes actúan de acuerdo con nuestras leyes y nuestra constitución”, señalaron.
Francisco Quintana, Representante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), le aseguró a la Agencia Anadolu que debido a las disposiciones de la Casa Blanca, la situación de casi 312 mil beneficiarios del TPS “es incierta”.
“El gran problema que denunciamos hoy ante la CIDH es que las condiciones en Honduras, El Salvador y Nicaragua no son pertinentes para recibir grandes números de personas, puesto que hay graves índices de impunidad, violencia y extorsión”, advirtió Quintana.
Respecto a los favorecidos con el DACA, señaló que de volver a sus países estos jóvenes estarían en una situación más vulnerable, porque retornarían a lugares donde “no tienen ningún soporte social, familiar y en algunos casos no hablan el idioma”.
Quintana informó que la Cejil le ha solicitado al gobierno Trump que renueve los programas DACA y TPS, pero principalmente al Congreso estadounidense, una solución permanente y definitiva para todas estas personas, pues un millón 200 mil personas viven en la incertidumbre.
En septiembre del año pasado, la Casa Blanca anunció el fin del plan DACA, que cobijaba a unos 800 mil jóvenes indocumentados.
Dos meses después, los Estados Unidos notificaron la terminación del TPS para nicaragüenses, así como una prórroga para los hondureños, dejando en el limbo a más de miles inmigrantes de esos países.
