CIDH afirma que muerte de Javier Ordóñez a manos de policías en Colombia debe ser juzgada por la justicia ordinaria

La Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) expresó este miércoles su “enfática condena frente a los hechos de brutalidad y abuso policial” ocurridos durante las manifestaciones del 8, 9 y 10 de septiembre en Colombia, en protesta por el asesinato del abogado Javier Ordóñez en medio de un operativo policial en Bogotá.

El organismo americano también manifestó su preocupación por la “presunta utilización de armas de fuego” por parte de agentes de la Policía Nacional durante las manifestaciones que tuvieron lugar en varias ciudades del país.

En una nota de prensa, la Comisión aseguró que la muerte de Ordóñez en medio del operativo debe juzgarse por la justicia ordinaria y no por la justicia penal militar.

“La Corte IDH ha señalado en distintas oportunidades que el juzgamiento de casos que involucren civiles se encuentran excluidos de la competencia de la justicia militar, la cual debe limitarse a delitos o faltas que, por su propia naturaleza, atenten contra bienes jurídicos exclusivos del orden militar”, afirmó.

En su comunicado, la Comisión relató los hechos ocurridos en la madrugada del 8 de septiembre, cuando agentes del Comando de Acción Inmediata (CAI) del barrio Villa Luz, en Bogotá, detuvieron a Javier Ordóñez.

“Durante este procedimiento, que fue registrado en videos por personas presentes en el lugar, dos policías golpearon a Javier Ordóñez y le propinaron descargas eléctricas en reiteradas oportunidades, pese a encontrarse inmovilizado en el piso. Además, según lo informado, Javier Ordóñez fue conducido hacia el CAI, en donde falleció mientras se encontraba bajo custodia policial”, precisa la nota.

La CIDH informó que tiene en cuenta los avances de las investigaciones y pide la “pronta identificación y separación de sus funciones de los agentes policiales vinculados a estos hechos”, pero recuerda que, de acuerdo con la jurisprudencia interamericana, “los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en perjuicio de personas civiles deberán ser juzgados exclusivamente por el sistema de justicia civil”.

Respecto al uso de armas de fuego, por las que habrían muerto unos ocho civiles y otras 19 personas habrían resultado heridas, la Comisión afirmó en su informe Protesta y Derechos Humanos que “no existen supuestos que habiliten el uso de la fuerza letal en una manifestación o que se dispare indiscriminadamente a la multitud”.

Ver también: Amnistía Internacional condenó el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía colombiana 

“La Comisión ha señalado que la fuerza potencialmente letal no puede ser utilizada para mantener o restituir el orden público o para proteger bienes jurídicos menos valiosos que la vida como, por ejemplo, la propiedad”, advirtió el organismo, al pedirle al Estado que investigue dichos hechos “pronta y diligentemente, de acuerdo con los estándares interamericanos en la materia”.

Y sobre las denuncias sobre las “acciones policiales vinculadas a situaciones de maltratos, golpes, torturas y un caso de abuso sexual” en contra de al menos 75 personas detenidas en CAI, y de “detenciones indebidas de personas defensoras, agresiones físicas y simbólicas, así como el hostigamiento por el cumplimiento de las tareas propias de su trabajo y la sustracción de sus teléfonos celulares”, la Comisión exhortó al Estado colombiano a “investigar y esclarecer estos hechos, así como a juzgar y sancionar a los responsables”.

También hizo un llamado a “ordenar el cese inmediato del uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”.

Finalmente, condenó “enérgicamente todo acto de violencia”, recordó que la “protesta social es legítima en tanto se desarrolla en forma pacífica” y le subrayó al Gobierno colombiano que “las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y de aislar a los manifestantes que recurren a la violencia”.

Según los registros de la Comisión, los tres días de protesta en el país dejan 13 personas fallecidas, incluidos dos adolescentes de 17 años, y más de 200 civiles lesionados y 194 policías heridos.