Caso Ayotzinapa: dejó su casa desde 2014 para seguir buscando su hijo

Por: Diego Carranza

Este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una nueva audiencia pública sobre el caso Ayotzinapa, la desaparición forzada de los 43 estudiantes en la ciudad mexicana de Iguala en septiembre de 2014.

En el marco de su 168 periodo de sesiones, que tuvo lugar en Santo Domingo, República Dominicana, la Comisión escuchó a familiares, organizaciones civiles y representantes del Estado mexicano para hacer seguimiento a este proceso, que avanza “a paso de tortuga”.

La jornada se vivió en medio de advertencias de un eventual “carpetazo” a la investigación, de reproches del Estado mexicano a un informe sobre tortura emitido por Naciones Unidas, así como de la denuncia de filtración de mensajes de presuntos involucrados. Por lo anterior, padres de las víctimas de aquel fatídico septiembre le pidieron a la Comisión que evite el cierre del caso y que sesione y presente su informe sobre estos hechos en México.

Después de 44 meses de la desaparición de los estudiantes, más de 40 padres aún esperan que sus hijos aparezcan con vida, incluido Mario González, quien le contó su testimonio a la Agencia Anadolu.

Este hombre y su esposa, Hilda Hernández, salieron de su casa en el estado de Tlaxcala el sábado 27 de septiembre de 2014, tras enterarse de la extraña situación que se vivía en Iguala, a unos 220 kilómetros al sur de Ciudad de México, cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue atacado al parecer por policías locales. Horas más tarde, decenas de ellos desaparecieron, incluido César.

“El día 26 de septiembre yo hablé a las 5:30 de la tarde con él y quedamos de hablar más tarde… desafortunadamente yo le marqué como hasta las 3 o 4 de la mañana, pero ya no me contestó”.

Mario dijo que sobre las 9 de la mañana del 27 le dijeron que tenía que trasladarse a Guerrero porque la situación con los normalistas (estudiantes) era muy complicada: había heridos, muertos y detenidos.

“Yo pensé pos que estaban detenidos y que había que pagar algo… no sé, me imaginé solo eso. Un compadre (pariente) que vive en frente de mi casa se ofreció a llevarme hasta allá. Llegamos el día 27 sobre las 9 de la noche, estaba lloviendo y empezamos a buscar al muchacho. No sabíamos nada, no conocíamos a nadie; había mucho alboroto. Contacté al secretario de la escuela y él fue quien me explicó cómo estuvo el asunto: que había muertos, heridos y que habían detenido a varios, pero que no sabían cuántos”.

El siguiente día, el 28, se reunieron varios padres que estaban en la misma situación y empezaron a buscar en todas las dependencias y funcionarios locales, en las cárceles de Iguala, con funcionarios judiciales, la gobernación municipal, con la federal. En todas tuvieron acceso, excepto en el Ejército Federal.

“Ahí empezó nuestro calvario. Desde ese momento no pudimos regresar para la casa… teníamos que encontrar el muchacho, a ‘mijo’, y después llevárnoslo para la casa. Pero con el transcurso de los días, no teníamos ninguna noticia de él. Ya empiezan a hacer el recuento de los alumnos y dicen que faltaban 43… uno de ellos era mi César”.

Mario cuenta que desde el día 27 que llegaron a Iguala, pasaron dos años y medio para que regresaran por unos días a casa a visitar a su otra hija… “las movilizaciones, las exigencias y todo ello se fueron dando, y nunca nos dimos cuenta de que había pasado muchísimo tiempo. Desafortunadamente no sabíamos nada de los muchachos”.

“La familia nos mandaba un poco de dinero, las organizaciones nos llevaban despensa, otra gente nos ayudaba y pues ahí me dieron un cuartito en la escuela, y ahí vivimos. Lo importante era importante encontrar a mi hijo".

Mario González y su esposa no han regresado a Tlaxcala desde entonces y afirman que las últimas audiencias de la CIDH, en Bogotá y Santo Domingo, "son sinónimo de “un cinismo muy grande” porque el Estado mexicano quiere dar ‘carpetazo’ por las próximas elecciones, para que los funcionarios públicos de alto nivel no sean investigados".

“Había funcionarios públicos que sabían lo que pasaba en el momento del ataque de nuestros hijos, tanto que los expertos han dicho que se sabía desde Los Pinos (Presidencia). Entonces son funcionarios que no quieren investigar a las dependencias federales, por ejemplo, los policías federales o al Ejército. Esto, para no perder votos, y por si pierden las elecciones, no ser investigados”.

El hombre asegura que durante todos estos años lo único que ha hecho el Estado es “administrar el caso”. “Le repito, no han querido entrar a las líneas de investigación porque saben que están involucrados en esto y no quieren tocarlos. Gente muy poderosa que no quieren tocar”.

González se refirió, entre otros, a Tomás Zerón (entonces director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General mexicana), quien “sembró evidencias en el río San Juan”; Jesús Murillo Karam (ex procurador general), “que inventó la mentira histórica”; e incluso al presidente Enrique Peña Nieto, “que sabía lo que pasaba”.

“Por el sistema C4 (cámaras de vigilancia de cada ciudad), que en el momento del ataque estaba funcionando, se sabía que los chavos (muchachos) habían sido represados en Chilpancingo, capital de Guerrero, un día antes. Estaban totalmente vigilados por los federales, por el Ejército, para ver qué iban a hacer. Desgraciadamente se tuvieron que trasladar a Iguala”, dijo Mario.

Y añadió con contundencia: “El C4 lo ve todo mundo, la policía municipal, la federal, la estatal, la ministerial, el Ejército, todos. ¡O sea, ellos vieron perfectamente todo el momento del ataque a nuestros hijos y aun así no quisieron intervenir!”.

Este hombre relató que además del calvario que vive por no saber qué ha pasado con su hijo, también ha sido víctima de muchas amenazas. Según su testimonio, el Gobierno mexicano divulgó una video llamada en la que supuestamente aparecía él y que lo involucraba con Guerreros Unidos, un grupo de crimen organizado de Iguala.

“¡Yo ni sé qué “chingado” es eso! Lastimosamente el Estado, 'Narcoestado' que tenemos en México, está metido en el narcotráfico hasta la médula, entones no quieren que se averigüe bien todo esto”.

Haciendo una pausa, Mario ratificó que lo único que quiere es saber el paradero de su hijo, lo que exigen los 43 padres de familia.

“Ellos piensan cerrar el caso… nosotros les decimos que hasta que no den con el paradero de nuestros hijos no se va a poder. Les tenemos que decir que si el 'Narcoestado' quiere cerrarlo, va a tener que primero matar a los 43 padres de familia”.

Por último, con la voz entrecortada, aseguró: “vamos a seguir buscando a nuestros hijos, no importan las consecuencias que se vengan. La esperanza está latente en nuestro corazón de que los vamos a volver a abrazar”.

La CIDH emitirá un informe sobre este caso en una visita que se realizará en julio próximo.